Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron a Matilde Espinoza Toledo, alcaldesa de Suchiate, Chiapas, por presuntamente haber acreditado la nacionalidad mexicana a extranjeros mediante la emisión ilegal de actas de nacimiento.
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La alcaldesa fue detenida esta mañana en su domicilio ubicado en Ciudad Hidalgo; policías municipales intentaron evitar la aprehensión, por lo que fueron replegados por policías federales que encabezaron el operativo.
En 2015 la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició investigaciones por diversas denuncias interpuestas por ciudadanos, quienes acusaban que se habían otorgado actas de nacimiento a guatemaltecos, para que estos pudieran solicitar credenciales de elector para votar en México, en los comicios locales y federales.
La PGR informó que además de la alcaldesa, hay órdenes de captura contra otros tres servidores públicos de Suchiate, así como contra ciudadanos guatemaltecos, quienes fueron autores materiales de delitos electorales, en este caso alteración al Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o listado de electores.
La dependencia federal detalló que Espinoza Toledo fungió como testigo en el trámite de expedición de actas de nacimiento extemporáneas a ciudadanos guatemaltecos para que obtuvieran la nacionalidad mexicana.
La investigación realizada por el Ministerio Público Especializado, adscrito a la Fepade, exhibió la venta de algunas actas por parte de la Oficialía 01 del Registro Civil en dicho municipio. Oficina donde se desempeñaba como oficial del Registro Civil el esposo de la inculpada, Saúl Álvarez López, quien fue detenido en julio de 2016 acusado de extorsión.
Una vez obtenido el documento de identidad mexicana los ciudadanos guatemaltecos eran llevados a tramitar, en forma ilegal, su credencial para votar con fotografía en los módulos móviles que se establecían en diversas comunidades y ejidos de Suchiate.
Durante la investigación, el INE informó de mil 537 actas de nacimiento firmadas por el juez del Registro Civil, la mayoría expedida a adultos mayores de forma extemporánea.
Para detectar a los funcionarios que estuvieron involucrados en la expedición y trámite de las credenciales de elector, la PGR recabó información del Registro Federal de Electores, así como la relación pormenorizada de las denuncias en contra de personas derivados de trabajos de campo por domicilio irregular y expedición ilícita de credencia para votar.
La PGR solicitó apoyo a la Dirección General de Procedimientos Internacionales con el fin de obtener un informe sobre el estatus de la solicitud de asistencia jurídica internacional presentada al gobierno de Guatemala para que fueran proporcionados los datos de personas, en las que recaía la actuación de la presidenta municipal, su esposo y el secretario del ayuntamiento, en las que se requería la confirmación de la nacionalidad guatemalteca, adjuntando algún documento que lo acreditara.
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