Casas de empeño reciben incluso objetos robados

Corrobora MILENIO que no hay restricciones para empeñar aparatos, joyas y herramientas en establecimientos de León
En algunos de estos negocios se anuncian que no solicitan la factura (Dany Béjar)

Milenio Digital

Algunas de las casas de empeño de León carecen de los filtros necesarios para detectar artículos robados, pues en la mayoría ni siquiera exigen una factura o comprobante que asegure que el objeto fue obtenido de manera lícita. 

MILENIO pudo comprobar esto durante un recorrido que hizo por distintas casas de empeño de la ciudad, visitando principalmente a las ubicadas en la zona centro, en donde se intentó empeñar un aparato electrónico sin presentar la factura, lo cual no fue un inconveniente. 

En algunos de estos negocios incluso se tienen letreros que anuncian que no solicitan la factura a los clientes para poder realizar sus empeños y al realizar el procedimiento, el único requisito es que el aparato funcione, cuente con el cargador y que el solicitante presentes su credencial de elector para que te puedan registrarlo en la base de datos. 

“Aquí no pedimos factura más bien tendrías que presentar solo tu INE para darte de alta en sistema y dejarlo en el cargador, pero no hay ningún problema de que no tengas factura”, dijo una empleada. 

Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, Guanajuato cuenta con 389 casas de empeño, las cuales en los próximos podrían estar obligadas a contar con dispositivos biométricos que permitan tener una lectura de huella de las personas que acudan a empeñar, con la finalidad de evitar que se reciban objetos robados. 

Las iniciativas para reformar las normas que regulan las casas de empeño, así como los deshuesaderos de vehículos y las recicladoras de metales, fueron enviadas al Congreso del Estado el 6 de febrero por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que explicó que la base de datos sería usada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato para investigar posibles delitos. 

“En los casos en que así se los requiera un mandamiento de autoridad judicial, se transfieran (los datos) a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para su análisis con las bases de datos con que cuenta esta institución”, explicó el mandatario.

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