Mientras la iniciativa privada de Nuevo León analiza un pronunciamiento, el Consejo Cívico hizo un llamado al Gobierno del Estado a eliminar las barreras que enfrentan en su interacción, sin que su acceso esté condicionado a la participación en ningún programa, ni a aportaciones económicas.
De acuerdo con la organización, el combate a la corrupción y la certeza jurídica deben beneficiar a ambos, sin que el acceso esté condicionado.
“Hacemos un llamado al Gobierno del Estado a eliminar las barreras que enfrentan las personas y empresas en su interacción con las autoridades, y a garantizar que la agilización de trámites, el combate a la corrupción y la certeza jurídica beneficien a todas y todos por igual, sin que su acceso esté condicionado a la participación en ningún programa ni a aportaciones económicas”.
“Nuestro estado merece un Gobierno que funcione bien y en igualdad de condiciones para todas las personas”, mencionó.
El pronunciamiento se da luego de que el pasado viernes, el gobernador Samuel García anunció la institucionalización del programa Ponte Nuevo, en donde aseguró que si la iniciativa privada hacía aportaciones a dicho proyecto, evitaría temas burocráticos o hacendarios en contra de las empresas que representan.
En respuesta, el Consejo Cívico reconoció el valor de la colaboración entre el sector público, privado y sociedad civil para atender los retos de Nuevo León.
“Es importante que el alcance de lo anunciado quede claramente definido. Un estado que funciona bien —que agiliza trámites, que no tolera el cohecho, que atiende con oportunidad— debe serlo para todas las personas, no sólo para quienes participan en un programa”, precisaron.
Consultados por este medio, representantes de la iniciativa privada de Nuevo León reconocieron que el tema está bajo análisis y que perfilan presentar hoy una postura luego de las declaraciones del Ejecutivo estatal.
Fuentes consultadas revelaron que este anuncio del gobernador Samuel García causó sorpresa, pero que primero analizarían la situación, antes de presentar algún comunicado o pronunciamiento en conjunto los organismos empresariales.
Estado responde
La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, mencionó que el programa es corresponsabilidad social, en donde Gobierno, empresas y sociedad trabajan juntos para mejorar el estado.
La funcionaria consideró delicadas las acusaciones del programa calificándolo como “extorsión” o “moche”.
“No existe una bolsa de dinero que las empresas entreguen al Gobierno. No existe un esquema de cobro. No se reciben recursos para que el Ejecutivo disponga de ellos discrecionalmente”.
“Lo que existe es un modelo transparente y estructurado de colaboración público-privada, en el que empresas participan directamente con acciones, servicios, infraestructura, conocimiento y trabajo. Hoy hablamos de más de 300 iniciativas, donde participaron más de 100 empresas, cámaras, universidades, que han decidido sumarse para hacer algo positivo por Nuevo León”, finalizó.
mrg