El presidente del PAN, Ricardo Anaya, acusó que también hubo un intento de espionaje a miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido, lo que calificó de inaceptable.
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Explicó que el equipo de informática del PAN revisó sus celulares y al menos el suyo, el del secretario general, Damián Zepeda; el del vocero Fernando Dóval, y el diputado Marko Cortés, recibieron mensajes con los mismos patrones a los del malware Pegasus.
"En nuestro caso no hemos sido infectados. Creemos que ninguno de los mensajes fue abierto porque no se identificaba ninguno de los teléfonos de los que provenían”, dijo en conferencia de prensa.
Como prueba, mostró uno de los mensajes encontrados en su celular, que recibió el 15 de junio de 2016, en el que lo invitaban a abrir la liga señalando que se trataba de una nota periodística que lo vinculaba en un escándalo y que se estaba viralizando.
"Que el gobierno espíe invadiendo la intimidad de periodísticas, activistas y políticos de oposición es inaceptable", agregó.
Anaya indicó que el diputado Jorge Ramos como presidente de la Comisión de Seguridad solicitará la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como de los titulares del CISEN y la PGR para que expliquen qué dependencias del gobierno mexicano han adquirido licencias para malware de vigilancia como Pegasus o cualquier otro similar; si se firmaron contratos con NSO o intermediarios; cuántas licencias de infección compraron y con qué objetivos se usaron y si se contó con autorización de juez federal.
Además solicitarán la intervención de un grupo internacional de investigadores independientes "pues ya vimos que como en el caso de Ayotzinapa, sólo un grupo independiente del gobierno terminó tumbando la verdad histórica de las autoridades".
El panista resaltó que en la gravedad de este caso pues "no se trata de una intervención de comunicaciones convencionales, sino de un espionaje total".
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"No vamos a quitar el dedo hasta que sepamos a quién le vendió NSO, por órdenes de quién y quién lo autorizó. Y vamos a exigir que se castigue a los funcionarios de primer nivel, no a los operadores".
JASR