Halcones serán perseguidos y sancionados

La bancada del PAN, presentó el proyecto para reformar algunos puntos del Código Penal para perseguir el uso indebido de información y colaboración delictiva
Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Cristina Márquez

Carlos Olvera

Luego de que la Marina, efectivos del Ejército y elementos de Fuerzas estatales reventaron la base de operaciones del cartel Santa Rosa de Lima en Villagrán, la estrategia del grupo delictivo que lidera José Antonio Yépez, alias “El Marro”, quedó desnuda y a la vista de todos.

El grupo utilizó al menos 250 halcones para evadirse de la justicia; al igual que pagó manifestaciones en contra de la Marina, Ejército y Policía federal; ahora la respuesta de autoridades es desarticular la operatividad del grupo y ser más enérgicos cuando éstos sean funcionarios, ex policías o que se utilice a niños para monitoreo de situaciones de riesgo.

Lo que anticipó Milenio hace una semana; de que el estado combatirá a los halcones, este grupo de personas que acechan y vigilan para dar el pitazo o avisar a sus jefes sobre lo que pueda representar un riesgo será perseguido y sancionado.

Esta tarde en la sesión de Pleno del Congreso del estado, la bancada del PAN, presentó el proyecto de decreto para reformar algunos puntos del Código Penal del estado de Guanajuato, para perseguir el “uso indebido de información y colaboración delictiva”, popularmente llamado “halconeo”.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Cristina Márquez Alcalá, desde la tribuna leyó la iniciativa en la que expuso los motivos entre los que destacan la urgencia de recuperar la tranquilidad de los guanajuatenses, brindar las herramientas jurídicas para sancionar este delito y más cuando los que lo cometen son funcionarios públicos.

“En el caso del artículo 222-a el objetivo es establecer una pena mayor a los servidores públicos integrantes de instituciones de Seguridad del estado y los municipios que faciliten información para la realización de las conductas que se señalan, así como para establecer la inhabilitación para los servidores públicos que participen de esas conductas”.

“En el caso de artículo 222-b, la intención es que de manera directa se sancione con hasta 7 años y medio de prisión y 75 días de multa a las personas que sean encontradas culpables de acechar, vigilar o proporcionar información sobre actividades oficiales o personales de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, cuando esa vigilancia sea con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de funciones, ocasionarles daño o cometer algún delito”.

Las penas máximas serían aplicadas “cuando este delito sea cometido por exintegrantes de instituciones de seguridad Pública, se utilice a menores de edad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, y cuando utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos de los canales de comunicación oficiales de instituciones de Seguridad pública”.

El coordinador de la bancada panista, Jesús Oviedo Herrera, señaló que lo que se pretende es ir cerrando puertas e ir avanzando para tener una mejor seguridad; nosotros siempre hemos dicho que la seguridad de las familias es lo más importante, entonces en la medida de que vayamos cerrando esas puertas donde tenemos oportunidades es como podemos ir avanzando”.

La iniciativa se turnó a comisiones donde comenzará su análisis y dictamen, posteriormente se subirá al pleno para su aprobación.

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