El próximo miércoles entra en operación plena el Sistema Nacional Anticorrupción sin fiscal y sin magistrados, toda vez que no hubo consenso en el Senado para la designación de dichos funcionarios.
Ayer, Acción Nacional manifestó que ha faltado compromiso del PRI-gobierno para dar ese paso, y si bien el nombramiento es necesario, "lo más importante es dotar a esta figura de atribuciones, facultades y autonomía verdadera, para que su actuación no se preste a simulación o se convierta en un ente inoperante".
A su vez, el senador Miguel Barbosa acusó que tanto PRI como PAN son responsables, porque no tomarán decisiones hasta que concluya el conflicto poselectoral.
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el fiscal general necesita ser nombrado por mayoría calificada de las dos terceras partes de los presentes y el Presidente puede objetar el nombramiento, por lo que la cámara tendrá que hacer una nueva designación.
Ante ello, el Senado emitió una convocatoria en la que se registraron 32 aspirantes, dos de los cuales fueron descalificados por plagio en los ensayos que entregaron, y aunque en marzo se emitió el dictamen de elegibilidad, las comisiones no han vuelto a sesionar.
En ese sentido, el panista Fernando Herrera sostuvo que su bancada no se prestará para aprobar el nombramiento de un fiscal anticorrupción que carezca de verdadera autonomía.
"Acción Nacional han insistido en los meses recientes en la necesidad de nombrar a un fiscal verdaderamente autónomo, para lo cual han sometiendo a debate público el tema y puesto sobre la mesa propuestas puntuales.
"Contrario a ello, el PRI-gobierno no ha mostrado un compromiso serio ni planteado con claridad si está a favor de esa exigencia de la sociedad".
Al respecto, Barbosa acusó en la sesión del jueves pasado que PRI y PAN han trabado la designación, porque están de por medio los resultados de la elección de Coahuila.
El funcionamiento
Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, está listo para comenzar a operar a partir del 19 de julio, cuando dicho sistema entre en funcionamiento de lleno.
En entrevista, aseguró que la Secretaría Ejecutiva del sistema ya cuenta con un presupuesto de más de 214 millones de pesos, una estructura de 117 plazas y una sede, la cual se encontrará en el inmueble que dejó la Auditoría Superior de la Federación, en la colonia Del Valle.
"Ya tenemos inmueble, es importante decirlo. Esto disminuirá los costos de la nueva secretaría, ya no habrá ni siquiera necesidad de rentar o de adquirir un bien, y también nos hizo el favor de prestarnos algunos bienes muebles; entonces, estamos en la etapa de contratación de computadoras y de los demás servicios que requerirá la Secretaría Ejecutiva", explicó.
Salgado reiteró que "ya estamos listos, nosotros empezamos desde el día en que fue nombrado el secretario y se ha logrado muchísimo en la parte administrativa, que es lo que se necesita para poder estar ya a ciento por ciento".
Cuestionado sobre la ausencia del fiscal anticorrupción, reiteró que la falta del nombramiento no afecta la operatividad del sistema, pues las otras seis sillas del Comité Coordinador ya están ocupadas con los titulares de las respectivas instituciones que conforman al sistema: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana.
Código de conducta
A partir del miércoles, cuando entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las empresas podrán ser sancionadas como si se tratara de instituciones públicas cuando sus empleados cometan actos vinculados con faltas administrativas graves y con ellas pretendan obtener beneficios para su empresa.
De acuerdo con la ley, se trata de conductas como el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos y contratación indebida.
Dicha ley establece que para determinar el grado de responsabilidad en casos de faltas graves, se valorará si al interior de la empresa se cuenta con una política de integridad. A los particulares se les podrán aplicar sanciones hasta de 150 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización hasta la disolución de la empresa y la indemnización por los daños a la Hacienda Pública federal, local o municipal.