Mientras que la Iniciativa Privada cuestionó la aplicación del sistema de justicia penal, por considerar que da la sensación de impunidad, el Gobierno del Estado se mostró a favor de este esquema acusatorio por encima del anterior, el inquisitorio.
El gobernador interino, Manuel González Flores, señaló que se trata de un sistema que defiende las garantías individuales y los derechos humanos.
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“El gobierno independiente se define por origen y en su naturaleza como un gobierno que está en contra de un sistema inquisitorio y por el contrario apoya un sistema garantista como es el del nuevo sistema penal acusatorio.
“Nosotros estamos a favor de la defensa de las garantías individuales y de los derechos humanos, luego entonces para nosotros nos parece el nuevo Sistema Penal Acusatorio cuyo perfil especial y definición es de ser un sistema garantista, pues para nosotros es el mejor sistema que puede haber”, declaró.
Lo anterior luego que MILENIO Monterrey publicara que la Iniciativa Privada se quejara a nivel nacional de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que consideran que genera sensación de impunidad.
Ante ello, cámaras empresariales plantearon a autoridades a federales trabajar junto a la Procuraduría General de la República para hacerle mejoras en su aplicación.
“Yo creo que lo que está pasando es el acomodo que la sociedad que está saliendo de un sistema inquisitorio en donde tú eras culpable salvo que comprobaras que eras inocente, y se está volviendo a acomodar en un sistema que preserva las libertades humanas y las garantías individuales ante cualquier acoso que se pudiera en la actualidad cometer en una de sus acciones.
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“Es decir, tú eres inocente, hasta que no se encuentre que en realidad eres culpable”, declaró González Flores.
Declaró que es respetuoso del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, incluso a pesar de que da las facultades a la autoridad judicial para diferir audiencias, como ha sucedido en el caso de las acusaciones por presuntos actos de corrupción del Gobierno Estatal en contra del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, y de varios de sus ex colaboradores.