La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual restringe el otorgamiento de estímulos económicos a investigadores y que contempla las becas de posgrado, el financiamiento de proyectos científicos, la libertad de cátedra y permite la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en la política científica.
En una sesión en la que se defendió y se descalficó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), el Pleno declaró constitucional el Decreto de reforma publicado el 8 de mayo de 2023.
El asunto llegó al Alto Tribunal porque diputados federales y senadores de oposición promovieron acciones de inconstitucionalidad.
No vulneran derechos
Sara Irene Herrerías Guerra, ministra ponente, estimó que las reglas establecidas responden a objetivos legítimos de política pública y no vulneran derechos fundamentales.
Consideró que la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en noviembre de 2024, no modificó el contenido ni el alcance de las disposiciones impugnadas.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la constitucionalidad de los artículos 34 y 41, relativos a los estímulos económicos para integrantes del SNII.
Sara Irene propuso una “interpretación conforme”, para dejar la puerta abierta y permitir que investigadores adscritos a instituciones privadas puedan acceder a apoyos gubernamentales cuando realicen actividades sustantivas en instituciones públicas o desarrollen proyectos vinculados con las prioridades nacionales.
Asimismo, señaló que la norma permite que las instituciones privadas puedan otorgar estímulos mediante los mecanismos de colaboración previstos en la ley, a través de convenios.
Defiende al SNII
El tema generó un debate entre las ministras María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahfl, quien es integrante del SNII nivel 3.
Ríos respaldó la propuesta de Sara Irene, aunque consideró que no era necesaria una “interpretación conforme”, pues, a su juicio, la legislación ya establece vías de acceso para los investigadores del sector privado.
Loretta cuestionó las restricciones y sostuvo que afectan los derechos de los académicos, independientemente de la institución en la que trabajen.
“Lo que se está jugando ahorita no es los derechos de una institución, son los derechos humanos, derechos de personas, de los investigadores, investigadoras”, expresó.
El debate
En este asunto, la exposición de ministras y ministros que participaron fue técnica. Cuando tocó el turno de la ministra Ortiz Ahfl, los criticó:
“Que mucho que lo que se ha sostenido ahorita es impreciso. Impreciso porque no tienen conocimiento de la situación que guardan los investigadores.
“Para empezar, yo trabajé, o sea, estaba inscrita en la Escuela Libre de Derecho, que he dado 44 años clases sin cobrar un céntimo, un céntimo y que no tiene como finalidad de lucro, que no todas las instituciones, o sea las privadas, son, persiguen fines de lucro, no es cierto, y este, hay reconocimiento de validez de las instituciones privadas porque coadyuva y también aportan al Sistema Educativo Nacional”, expresó.
Pero María Estela respondió.
“Un poco para dar claridad sobre este tema. Hubo proyectos, con la anterior ley, para mejorar la preparación de la barbacoa, para el enfriamiento de pastas para pizzas y de salsas para pizzas, además de pintura para vehículos".
"Entonces pues eso llevó a hacer estas reformas, porque perdonen, pero ese no es un proyecto que tenga que ver con el interés nacional o para beneficio del país, sino para beneficio de empresas privadas".
“Me parece muy respetable y muy interesante la posición de la ministra Ortiz Ahfl, pero debo entender que las leyes no se establecen para resolver casos concretos y específicos, basados en experiencias personales de un determinado grupo de personas, sino que una ley tiene un carácter abstracto, impersonal y general, y este es el caso de esta ley y de cualquier otra ley".
Las cifras
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la orientación del gasto público hacia el fortalecimiento de las instituciones estatales y recordó que, entre 2013 y 2018, el Conacyt transfirió más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas.
“La anterior Ley de Ciencia y Tecnología regulaba un organismo público bajo una lógica de mercado que promovió la transferencia de recursos públicos al sector privado, sin un retorno de valor científico o tecnológico para la sociedad en particular, se identificaron las siguientes problemáticas".
"Entre 2013 y 2018, el Conacyt transfirió más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, mientras que el apoyo para ciencia básica fue tan solo de 7 mil millones en el mismo periodo, el 80 por ciento de los recursos que se encontraban en los fideicomisos, más de 22 mil millones de pesos de 90 fideicomisos, que en su mayoría quedaron inconclusos o subutilizados, en lugar de apoyar directamente a la investigación humanística y científica o el desarrollo tecnológico”, añadió.
Defensa Nacional y Marina avalados
El Pleno también avaló la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en la Junta de Gobierno del Conahcyt, al considerar que pueden aportar conocimientos especializados en ciencia, tecnología e innovación, sin que ello implique militarizar la investigación.
Pese a la extinción del Conahcyt, el cual fue sustituido por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, los ministros coincidieron que el artículo que permite a la Defensa y Marina formar parte de la Junta de Gobierno prevalezca, mientras se legisla un artículo transitorio.
ABF