Durante el 2017 dieciséis cuentas públicas municipales fueron reprobadas de las administraciones que fungieron del 2014 al 2016, las cuales tenían inconsistencias, además de haber incurrido en daños patrimoniales y financieros.
Ante este hecho, el diputado Jesús Portillo Herrera solicitó la comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Maldonado Textle, a fin de que informe el estado que guardan y los avances legales respecto a las carpetas de investigación de los municipios a los que no les fue aprobada su cuenta pública.
“Necesitamos que se nos informe qué acciones se han emprendido en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuántos personajes han sido detenidos, para que respondan por estas irregularidades”, sentenció.
Portillo Herrera se enfrascó en conocer el estado de Derecho que guardan esas carpetas de investigación y de las acciones que se han emprendido en contra de los ex alcaldes ante las observaciones que permitieron reprobar las cuentas.
Cabe hacer mención que los municipios que no les fue aprobada su cuenta son: Chiautempan, Calpulalpan, Coaxomulco, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Ixtacuixtla, Muñoz de Domingo Arenas, Natívitas, Axocomanitla, Tecopilco, Sanctórum, Santa Apolonia Teacalco, Xiloxoxtla, Tlaxcala, Tlaxco y Xaloztoc.
El daño patrimonial por la totalidad de los municipios podría rebasar los 100 millones de pesos, luego de que Chiautempan fuera señalado con 32. 3 millones de pesos, Calpulalpan con 23.2 millones de pesos, Tlaxcala con 11.2 millones de pesos, así como Coaxomulco con 5 millones de pesos por citar algunos.
Un caso emblemático es la capital del estado, en donde el ex alcalde Adolfo Escobar no pudo comprobar poco más de 11 millones de pesos.
A este tiempo, el Órgano de Fiscalización Superior tuvo que realizar denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o en su caso un acta administrativa ante la Contraloría del Ejecutivo o a la Auditoría Superior de la Federación.
AMV