Sin mostrar fotos o documento alguno, Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico de la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado, informó sobre el embargo precautorio de un rancho de 36 hectáreas en el municipio de General Terán, al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
"En términos generales, hasta hoy se han embargado 22 inmuebles. Es un corte en el estado de Nuevo León, no se ha concluido la función, esa tarea; estamos solicitando colaboración de otros estados para continuar el tema de los embargos.
"Como les decía, el ex gobernador hizo algunas donaciones, se quedó con una sola propiedad aquí en el Estado, la de (General) Terán, un rancho en Terán. El valor (monetario del rancho) no lo tenemos porque hay unas construcciones que se hicieron recientemente, entonces tendríamos que actualizar, son 36 hectáreas (de rancho)", señaló
En rueda de prensa de este sábado, Aldo Fasci también dio a conocer el embargo precautorio de 22 terrenos entre los cuales se encuentra el antes mencionado, así como de 11 ex funcionarios que se dieron a conocer este viernes y se obtuvieron presuntamente de manera anómala.
Asimismo destacó que el ex gobernador Rodrigo Medina donó tres propiedades a su esposa y padre, y una más fue vendida, por lo que reiteró que el ex mandatario sólo se quedó con el rancho de General Terán.
"(Donó las propiedades) a su propia familia, aquí solamente tenía cuatro propiedades y una se la donó al papá, otra a la esposa, que es la que está ahí en las Misiones, y otra la vendió, se quedó con una", dijo.
Explicó que si en la donación de terrenos a sus familiares se demuestra un supuesto deslinde de responsabilidades el juez deberá determinar el embargo de dichos inmuebles.
Las carpetas de investigación de estos 22 terrenos, apuntó, están bajo el expediente 2894/2016 y está a cargo el juez de Control del Estado, Pedro Cisneros Santillán.
El juez de Control, añadió Fasci, será también quien defina las fechas en que el ex gobernador y los 11 ex funcionarios estatales deberán de acudir a la audiencia para el desahogo de pruebas, pretendiendo que dicho acto se dé a finales de este mes de junio.
En este sentido, comentó que han acudido diferentes testigos para ofrecer información sobre cómo fueron partícipes en cada uno de los casos señalados por la autoridad estatal, en los cuales aseguraron, solo recibieron órdenes de sus superiores.
"Hay gente que está yendo a declarar como testigo y hay gente que está yendo conforme a la ley a decir '¡a ver, yo fui partícipe de esto en parte porque me lo ordenaron!' Y están dando datos importantes, entonces esa gente, los que son testigos y los que nos están dando datos de prueba, tenemos que protegerlos, por eso no podemos dar a conocer todos los detalles", refirió.
Ante la posible promoción de amparos que se llegase a dar por parte de los 30 ex funcionarios que cometieron estas presuntas irregularidades, Aldo Fasci comentó que lo pueden hacer pero aseguró que no proliferarán para evitar que acudan a las audiencias, ya que de lo contrario se les girará una orden de aprehensión.
"Precisamente ésta es la parte de la transparencia que más nos da tranquilidad, estamos abiertamente solicitando una fecha, si no van a ser detenidos", sostuvo.
Concluyó que según los delitos que tienen detectados hasta el momento como lo son: peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones equiparable y ejercicio abusivo de funciones coalición, van de los 2 a los 14 años de prisión.