Alberto Ayala nació en La Palma, Michoacán, en la pobreza extrema de los campesinos sin tierra; no alcanzó a recibir terrenos de dotación en la demarcación templada donde creció con una dieta basada en maíz, frijoles y calabaza, sin servicios médicos y sin escuela. Fue en 1960, cuando era presidente de la república Adolfo López Mateos, que se le prometió pasar a formar parte de uno de los mitos más caros a la Revolución de 1910, convertidos en ley en la Constitución que cumple un siglo de haber sido promulgada: el reparto agrario.
Temeroso, y tras varios viajes desalentadores tanto a la capital de la República como a la Región Costera que se le ofrecía a su grupo, en el tórrido Tomatlán de Jalisco, el ejidatario fundado del núcleo agrario de La Nance asumió que si quería tierras no le quedaba de otra que desarraigarse; y aunque no se tragaba la propaganda gubernamental del Jauja tropical que se le ofrecía, con el tiempo aprendió que el mundo que le tocó colonizar era tremendamente distinto de la meseta fresca cercana a Chapala. No iba a prosperar con maíz y calabaza, pero los agostaderos eran buenos y las frutas tropicales y la madera ofrecían posibilidades, si bien era una odisea sacar o traer mercancías en ese entorno pésimamente comunicado donde apenas se abrían brechas para conectarse a Manzanillo o a Autlán en medio de una orografía accidentada, un clima que variaba de la sequía a las lluvias torrenciales y una diversidad de animales y plantas nunca contempladas por sus ancestros.
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Los primeros años, explicaba el anciano, fueron los más difíciles: los mosquitos, los alacranes, el calor, se cebaban en su piel; las fuentes de agua eran escasas y los ríos estaban llenos de cocodrilos. Había, eso sí, “carne de monte”: sobre todo venado, armadillo y jabalí, para paliar la escasez de alimentos y las magras cosechas, lecciones amargas de no haber sido preparados en conocimiento y técnica, y así arrastrar la carga cultural de los colonos de tierras frías.
En 1967 fue el arraigo definitivo. Un lustro después, la presidencia de Luis Echeverría trajo dos proyectos ambiciosos que cambiarían la historia regional: la apertura de la carretera federal 200, y la construcción de la represa y la zona de riego de Cajón de Peña, al norte de su comunidad.
Las décadas de los años setenta y ochenta son las de mayor crecimiento. Llegan los pavimentos, los caminos rurales, el apoyo en maquinaria, los enormes desmontes, los apoyos alimentarios, las semillas mejoradas, las parcelas experimentales y los programas de sementales de ganado; las escuelas, las campañas de vacunación y las casas de salud. Pero la del progreso es una huella ambivalente: también arrasa con el viejo mundo silvestre cuya notable diversidad de especies ha sido tardíamente valorada; destruye enormes extensiones de bosque y selva, contamina arroyos y manantiales prístinos y trae la especulación inmobiliaria. Por mencionar un caso, las doradas playas libres de sus primeros años de colonos hoy viven una privatización “de facto”, contraria al planteamiento de la legislación fundamental (artículo 27).
Si se revisa la vida de don Alberto con base en el proyecto de sociedad utópica que entraña toda constitución, podrían tenerse conclusiones optimistas o pesimistas, siempre según el cristal con el que se mire.
El propio ejidatario es testigo de cómo emergió de una sociedad profundamente desigual, y fue beneficiario de diversos mecanismos detonados a partir de la llamada “carta fundamental”: sus hijos y nietos ya tuvieron acceso universal a la alfabetización y educación básica (artículo 3); gozan de acceso a la alimentación y a la salud, mucho más que sus abuelos; y tienen, al menos de “derecho”, la posibilidad de exigir una vivienda digna, servicios básicos esenciales, y por supuesto, la igualdad ante la ley de varón y mujer, y los derechos de los niños (todo esto contenido en el artículo 4); no se diga de libertades de expresión, de manifestación, de asociación y de información (artículos 6 a 9); y también están, siempre tambaleantes, los derechos a la inocencia, a dedicarse a cualquier oficio legítimo, a no ser molestados sin mandamiento de autoridad legal, a un justo proceso (artículos 10 a 16).
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También tiene que luchar cada vez más porque se les reconozcan derechos plenos laborales, en las crecientes empresas turísticas de los alrededores, para las que laboran (artículo 123), pero en la niñez del campesino la cosa era más precaria.
Se trata de garantías cuya aplicación no ha estado exenta de crisis y caídas; en algunos casos, por la falta de fortaleza de un Estado para poder proveer bienes, servicios y empleos; en otros, por la escasa cultura de legalidad de autoridades y gobernados, que ofrecen el correlato del poder sin cortapisas, todavía al día de hoy, en muchas parcelas de la realidad mexicana. De cualquier modo, los descendientes tienen la posibilidad de acudir a comisiones de derechos humanos y tribunales de amparo para reclamar las violaciones de facto.
Hay aspectos que el constituyente de 1917 no consideró, y que se fueron agregando. El más notable es el derecho al ambiente sano, una garantía que es más precaria que nunca en un mundo en destrucción como las selvas donde don Alberto fincó su vida desde hace más de medio siglo. El fruto de otras libertades “polémicas”, como la libertad de religión y los derechos de las iglesias (artículo130), son patentes en La Nance, con un templo católico, como casi todo el país, pero una competencia religiosa en los miembros de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Testigos de Jehová, que ya no genera intolerancia y exclusión; al menos no son muy visibles.
Este es el mundo que emerge un siglo después de la promulgación en Querétaro. ¿México es mejor o peor? Un debate pertinente, que incluye documentar qué tanto una “Carta Magna” como la mexicana ha cambiado las vidas.
CLAVES
TRES POSTURAS
ARTÍCULO 123 Y DERECHOS LABORALES Y ECONÓMICOS. Antonio Álvarez Esparza, líder croquista
“El artículo 123 logra establecer bases importantes para el orden social, para buscar el progreso nacional y el beneficio de todos; se debatió con mucho conocimiento de causa, particularmente con los derechos sociales, con la pobreza, con lo que la explotación que se había generado desde la colonia […]un estado que garantizaba un desarrollo económico equilibrado, tuvimos el mejor proyecto de nación que pudimos haber tenido, desde el punto de vista de un padre bueno, que sería el Estado, que haría justicia para todos; pero con el paso del tiempo ha ocurrido que con las reformas estructurales, y todas las reformas circunstanciales que ha habido en el tiempo, que son más de 500, se ha deformado totalmente el sentido social de la constitución, el Estado se retiró y triunfo la economía; lo malo es que no triunfó la economía buena, sino el capitalismo exagerado, especulativo, voraz, que es la que ha hecho a un lado la función del Estado de generar justicia […] la riqueza que genera el país ya no es para que la administre el Estado ni que la repartan entre los pobres, ni para permitir que los pobres tengan acceso a ella, así que al realidad es que todas las reformas han sido para traicionar los principios de garantía social para trabajadores, campesinos y clase media, y todo el patrimonio nacional se ha enajenado imprudentemente…”
ARTÍCULOS 130 Y 3, LIBERTAD DE CULTOS Y EDUCACIÓN. Armando González Escoto, historiador y sacerdote
“La revolución ni la hicieron los representantes de la sociedad mexicana, ni estos fueron tomados en cuenta a la hora en que se hizo; la hizo la facción carrancista, en todos los artículos: los buenos, los debatibles, los malos y los muy malos; finalmente fue una constitución hecha por personas que ni representaban a la sociedad mexicana, ni expresaban lo que la gente quería […] soy de la opinión de que la política secuestro a la sociedad, y en lugar de representarla, la suplantó; en el tema de educación, por ejemplo, se impone un proyecto único también sin consultar […] el modo en que dejaron el artículo 130, diría que era una manera muy cínica de atropellar la libertad religiosa; obviamente ese artículo y todos los demás fueron con el tiempo superados, porque se reformaron en la época de Carlos Salinas, y me parece que fue también más una decisión de los políticos que por intervención de la sociedad […] la crisis de la representación es tremenda ahora, y además, un país, una democracia, sin ciudadanía, es igual a corrupción. Ese es el tamaño del reto, cómo hacer que por fin los ciudadanos sea representados y sean los que definan al país…”
ARTÍCULO 27, REPARTO Y DESARROLLO AGRARIO. Guadalupe Espinoza Sauceda, Colectivo de Abogados
“El artículo 27 constitucional fue muy importante, sobre todo para campesinos e indígenas; si bien la facción zapatista no participó, estuvo el jurista Luis Cabrera para hacer valer esa lucha: la restitución de tierras a los pueblos que habían sido despojados […] los filósofos y los estudiosos de la constitución dicen que el 27, junto con el 3, el 130 y el 123, son el fundamento del actual Estado mexicano: el reconocimiento de tierras, como unidades agrarias, que dio una política en el estado que se reconoció como reforma agraria, que se canceló en 1992 con las reformas salinistas; si bien, los campesinos fueron utilizados, ellos se sentían parte del estado mexicano, y eso acaba con Salinas. Paradójicamente, a los indígenas nunca les reconocieron derechos sino hasta 1992, con el mismo presidente Salinas, quizás para quitar banderas al movimiento indigenista cuando se avecinaba la conmemoración del quinto centenario del encuentro entre Europa y América, pero no sólo modifica el 4 constitucional sino qu7e firma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fortalece los derechos indígenas y campesinos a sus territorios y bienes […] el grandísimo desafío de ahora, con las reformas estructurales, sobre todo la energética, es como se está vulnerando ese derecho territorial con las mineras, por ejemplo, una batalla legal abierta que ya se está dando…”
MC