Las comisiones nacional de Derechos Humanos y la del Estado de México emitieron dos recomendaciones por autogobierno, violencia, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas, cobro de privilegios, tratos especiales, corrupción, deficiencias en alimentación y servicio médicos, condiciones denigrantes para mujeres, hacinamiento y sobrepoblación, además de tortura en el penal de Neza-bordo.
La CNDH advierte que de estos problemas se dio vista desde 2012, al entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, a quien le hicieron dos recordatorios de los pendientes no atendidos, sin que se cumplieran hasta la fecha.
A nivel local hay seis recomendaciones de este año vinculadas con los reclusorios estatales y un informe especial que concentra toda la situación que se vive en estos espacios.
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En ambos casos, estas instancias han generado una serie de recomendaciones donde se hace constar las graves consecuencias del hacinamiento y sobrepoblación, la insuficiencia de elementos de seguridad, entre otras faltas que vulneran diversos derechos y normas nacionales e internacionales y que impiden la correcta reinserción social de los internos.
Los reportes del Sistema Penitenciario Nacional ubican a la entidad como la de mayor sobrepoblación carcelaria en el país, con más de 25 mil reos en donde sólo alcanzan 9 mil 964, aunque el sistema estatal refiere que hay lugar para 11 mil 524 y reconoció, al inicio del 2016, que los centros con mayor problema son:
Chalco con excedente de 414.9 por ciento seguido de Lerma con 326.3 por ciento y con niveles superiores a 240 puntos porcentuales Cuautitlán, Jilotepec, Tenango del Valle, Texcoco, Tlalnepantla y Texcoco. El único centro con espacios de los 19 es Otumba.
CNDH FIJA ULTIMATUM
El organismo nacional emitió la primera recomendación al gobernador, Alfredo del Mazo Maza, por las condiciones que imperan en los penales de Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Neza-Bordo, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Bravo, bajo la advertencia que el Mecanismo Nacional vigilará su cumplimiento y realizará más visitas para verificar los alcances desde los primeros meses.
Los ocho puntos recomendados son: realizar de inmediato una evaluación sobre el manteamiento y equipamiento de los Centros de Readaptación Social, Ceresos, para asignar los recursos suficientes para garantizar condiciones de habitabilidad e higiene, informando trimestralmente de los avances.
Para garantizar la alimentación suficiente, inocua y de calidad le da un mes. La sobrepoblación debe ser resuelta en seis meses, atendiendo beneficios de libertad anticipada y traslados voluntarios. Para adecuar el marco normativo dieron seis meses, con informes trimestrales.
En cuanto a las instalaciones para las mujeres recomienda inyectar más recursos para que cuenten con espacios amplios y remodelados en tres meses. Terminar con el autogobierno y que el personal asuma las funciones que legalmente les corresponden, para lo cual deben emitir informes trimestrales.
Sobre la prevención y atención de la violencia consideró necesario implementar programas o medidas acordes al derecho internacional y atender las emergencias y eventos violentos en tres meses. Además de garantizar los servicios médicos suficientes y necesarios, tanto para los internos como para los hijos de las presas, con acciones visibles en dos meses.
UNA LARGA HISTORIA
En la recomendación seis, la CNDH refiere que desde 2012 se elaboró un informe inicial en el cual se propusieron medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y prevenir cualquier acto que pudiese constituir tortura o maltrato.
Esto fue del conocimiento del gobernador en turno, a quien se le hizo saber de manera pormenorizada las situaciones de riesgo de tortura y maltrato detectadas durante las visitas, donde se percataron de carencias en materia de alimentación, deficiencia en materiales de alojamiento, especialmente para las mujeres y sus hijos menores que viven con ellas, lo cual no garantiza una estancia digna
También le indicaron problemas de sobrepoblación que genera condiciones de hacinamiento, el autogobierno derivado de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, insuficiencia de personal de seguridad, vigilancia y custodia, así como deficiente servicio médico.
En marzo y junio de 2013 visitadores y servidores de la CNDH hicieron una inspección de seguimiento a los nueve Ceresos y en julio de ese año le informaron a la Secretaría General de Gobierno de la entidad que las situaciones señaladas no se habían atendido.
[Tan solo en 2017, la Codhem han emitido 7 de 14 recomendaciones a cárceles mexiquenses.]
De 2014 a 2016 se volvieron a visitar los penales y se constató que persistían situaciones apremiantes que requerían atención inmediata. Se observó que en los nueve había malas condiciones de mantenimiento e higiene, sobre todo en las áreas de ingreso y dormitorios, sanitarios, en Almoloya, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Otumba y Tlalnepantla presentaron deficientes condiciones materiales en el área médica y en Almoloya, Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla había problemas en la cocina y comedores.
En Ecatepec y Tlalnepantla los alimentos eran insuficientes porque se distribuían por algunos internos sin supervisión del personal del centro.
Las mujeres estaban en lugares improvisados, sobre todo en Almoloya donde se carece de locutorios, cocina, comedores, áreas médicas y protección; en Chalco no había instalaciones deportivas, ni para visita íntima; en Cuautitlán Izcalli no hay talleres, locutorios, entre otras carencias que se repiten en prácticamente todos los espacios.
En Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Neza y Tlalnepantla se obtuvo información sobre la existencia de grupos de poder que ejercían control sobre otros reclusos, que además hacen las actividades de las autoridades. Ese autogobierno genera, advierten, violencia al interior, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas, cobro de privilegios, tratos especiales.
Encontraron que el personal de custodia y seguridad era insuficiente, así como el médico, de manera que las mujeres no tenían acceso al servicio ginecológico, la estancia no era digna, no había horarios regulares para comer y el hacinamiento era considerado como una pena o trato inhumano y degradante que vulnera los derechos humanos.
El Estado de México no es el único gobierno al cual la Comisión Nacional ha emitido una recomendación de este tipo, también ha sido a los gobernadores de Nayarit, Guerrero, Tamaulipas. El año pasado lo hizo a Hidalgo, Quinta Roo, Nuevo León, la Fiscalía de Veracruz y cuatro alcaldías de Sonora donde se advirtieron casos de tortura, entre otras faltas. La recomendación del Estado de México se encuadró en el rubro de prevención de tortura.
14 RECOMENDACIONES MEXIQUENSES
Desde 2012 la Comisión de Derechos Humanos de la entidad ha emitido 14 recomendaciones a los penales estatales. El ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García, informó que tan solo en este año han emitido siete recomendaciones relacionadas con el sistema preventivo y de reinserción social. Esta última es por actos de tortura en el penal de Neza-bordo.
El documento número 33/2017 fue dirigido al director general de Prevención y Reinserción Social de la entidad, por vulneraciones a derechos humanos de internos del centro penitenciario Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, al permitir, consentir, auspiciar y tolerar actos contrarios a los fines del sistema penitenciario como la tortura e intimidación, lo que a su vez reveló deficiencias administrativas en la reclusión preventiva.
Luego de la investigación de oficio derivada de una nota periodística y videos dados a conocer por la agencia MVT, se determinó que en el Módulo de Tratamiento Intensivo conocido como "La Fortaleza" ocurrían situaciones de abuso de poder tolerado y consentido por las autoridades penitenciarias.
La Codhem estableció que si el Estado no cumple con la reinserción social, la exigencia ciudadana es implacable y contundente al desconfiar de las instituciones, producto de su ineficacia, la corrupción y el recrudecimiento de conductas trasgresoras de la ley que pretendían erradicar.
Un centro penitenciario no es un reservorio para personas "criminales", sino una institución del Estado con capacidad de someter a una persona a un régimen dinámico, esquemático, progresivo y técnico para lograr su reinserción en la sociedad.
[La señalada por la nacional, se encuadró en el rubro de la prevención de tortura.]
"Si los servidores públicos no respetan como persona a quienes están privados de su libertad y no reconocen su dignidad, se imposibilita toda consideración de los derechos humanos" subraya la recomendación.
La defensoría estatal pidió la inmediata implementación de medidas precautorias para salvaguardar la integridad de los reclusos y de sus familiares, haciéndose extensivas a otros centros penitenciarios. Además de someter a los servidores públicos a una evaluación de control de confianza para contar con los parámetros y aptitud en el servicio que prestan.
También se debe hacer una revisión minuciosa del Protocolo de Módulos de tratamiento intensivo para mejorar su procedimiento; la monitorización en video de dichos módulos debe estar a cargo de personal técnicamente capacitado, integrar una bitácora, resguardar y reportar de manera escrita y en soporte analógico la información.
Aunado a eso es necesario dar vista a la contraloría interna de la Secretaría de Seguridad estatal y al Inspector General para que se impongan las sanciones que procedan, así como al Fiscal General de Justicia del Estado de México para que inicie la carpeta de investigación correspondiente.
LA LARGA LISTA DE FALLAS
En 2012 emitieron una por violación a los derechos a la seguridad jurídica, integridad personal, dignidad y acceso a la justicia; en 2013 fue por transgredir los derechos humanos de las personas recluidas o internas. La tercera fue en 2015 por temas de seguridad personal, al afectar el principio de debida custodia y ausencia de condiciones de gobernabilidad en centros penitenciarios; otra más por discriminación y no respetar la integridad personal, salud y el debido proceso.
El año pasado fueron tres: una por carencias en la protección de la integridad física y moral del interno; otra por el mismo tema pero además por la necesidad de una estancia digna y segura en prisión y otra más por alteraciones a la legalidad y seguridad jurídica de los internos, de acuerdo al Informe Especial sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en la infraestructura penitenciaria del Estado de México, publicado a finales del 2016.
De estas, la número dos fue dirigida también al penal de Neza-bordo, por tortura en la zona conocida como la "La Fortaleza", donde uno de los internos falleció a causa de diversos golpes, pues presentaba "múltiples equimosis de color rojo en tórax anterior y de predominio izquierdo, en hombro izquierdo; zona escoriada roja en pómulo; en dorso de mazno izquierda, rodillas, dorso de pie derecho y dedo de pie izquierdo, de acuerdo a lo estipulado en la recomendación, donde los custodios dijeron que él mismo se auto agredió.
En este año se emitió la número 3 a la Quinta del Bosque, además de la 13 al director general de Prevención y Readaptación Social por vulneración al derecho de las personas privadas de la libertad, la 19 al penal de Chalco por ausencia de recursos materiales y humanos en este centro, la 21 por la vulneración de derechos de un interno, la 24 por carencia de orden y la aplicación de sanciones y la 29 por hechos ocurridos en Ecatepec.
En el diagnóstico que le entregaron al gobierno estatal a finales del año pasado, da cuenta de todos los problemas en las prisiones mexiquenses y donde se refiere que a enero del 2015, había 37 internas con hijos en los centros con condiciones de hacinamiento y carencias; 335 personas mayores de 60 años, 291 internos con discapacidades diversas, 354 indígenas, 88 extranjeros, 45 enfermos de VIH, 128 homosexuales, entre otros reos que estaban en condiciones de vulnerabilidad.
Jorge Olvera informó que las revisiones son constantes y revisarán el nivel de cumplimiento de cada una de las recomendaciones, además de firmar un convenio con el gobierno estatal para acelerar el cambio de condiciones, donde los reos tengan un espacio digno, servicios, posibilidad de estudiar y trabajar para lograr su reinserción social con éxito.
MMCF