Con la intención de regular la presencia de centroamericanos en la entidad, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y asociaciones civiles de defensa y apoyo de migrantes, presentaron este martes una iniciativa para crear la Ley Sobre los Derechos de las Personas en Situación de Migración.
En rueda de prensa, encabezada por la legisladora priista, Rosalva Llanes, presidenta de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, y la titular de la CEDH, Sofía Velasco, se informó que pretenden crear un registro de las personas extranjeras que se encuentran en Nuevo León en calidad de migrantes, con la intención de obtener información sobre su país de origen y si van de paso o planean establecerse aquí.
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"Es un proyecto de ley con el principal objetivo de garantizarle a toda aquella persona que tenga una condición de migrante en suelo nuevoleonés, que sean respetados y garantizados todos sus derechos que adquieren, igualito que nosotros por estar parados en suelo de Nuevo León", dijo Llanes.
Expresó que con esta ley se definen características fundamentales como la generación de un programa que define la coordinación institucional para generar políticas públicas y sociales, en primer lugar.
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En segundo, el registro de las personas consistente en un censo estandarizado para obtener información y lograr una migración ordenada.
Y tercero, la responsabilidad que le resulte al nivel de autoridad que infrinja lo establecido en esta ley.
"Muchas autoridades municipales, principalmente la Policía, se han dedicado a extorsionar, a violentar los derechos, tal vez por falta de conocimiento, pero aquí estamos dejando muy claro qué responsabilidad van a tener las autoridades que violen las disposiciones de esta ley y no estén garantizando por encima de las cosas, los derechos del individuo, en este caso el migrante", declaró la diputada.
De acuerdo a información de Llanes, se encuentran aproximadamente 2 mil 500 inmigrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Regularizar su situación para poder vivir en México les cuesta 12 mil 500 pesos a cada persona en trámites ante el Instituto Nacional de Migración, dinero que no tienen y por lo tanto permanecen de manera ilegal.