El 2017 fue un año significativo en cuanto a casos graves de violencia escolar.
El hallazgo de armas en planteles educativos y la perpetración de actos violentos en estos entornos han sido más frecuentes a raíz del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, al sur de Monterrey, donde un menor abrió fuego contra sus compañeros de salón de clases, lesionó a tres de ellos, hirió de muerte a su maestra y al final se suicidó.
Este hecho sin precedentes, sucedido el 18 de enero de 2017, encendió las alarmas de las autoridades estatales. La Secretaría de Educación en Nuevo León anunció la preparación de un protocolo de prevención y atención de emergencias en los planteles de nivel básico.
A su vez, el operativo mochila fue implementado y reforzado. A la par, diputados locales y padres de familia promovían el uso de mochilas transparentes, a fin de evitar el ingreso de armas de cualquier tipo o sustancias tóxicas a los salones de clases.
El caso hizo eco incluso a nivel nacional, pues el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que reforzarían las inspecciones en las escuelas de la Ciudad de México, y ofreció fortalecer las medidas de seguridad. En ese entonces, el funcionario federal se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones para evitar hechos similares en el futuro.
A pesar de ello, días después, el 24 de enero, a un alumno de la preparatoria de la Universidad Alfonso Reyes, en Apodaca, se le encontró una pistola de postas.
En tanto, un arma de fuego fue hallada en un casillero de la secundaria número 3, Plinio Ordóñez, el 10 de febrero.
Después, el 6 de abril, un estudiante de la secundaria número 41, en San Nicolás de los Garza, intentó atacar a su maestra con un arma blanca, pero finalmente no tuvo éxito.
Seis días después, el 12 de abril, un estudiante de primaria del Colegio Juan Pablo II, en el municipio de Guadalupe, fue investigado por haber escrito amenazas a su profesora y a sus compañeros de clase; al final del año fue expulsado de la institución educativa.
También en abril, como parte del reforzamiento de las medidas de seguridad, la Preparatoria 15 Unidad Florida, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), colocó detectores de metales en sus entradas e inició revisiones a los estudiantes.
En medio de los alarmantes hechos, el secretario de Educación en el estado, Arturo Estrada, admitió un importante déficit de psicólogos en las escuelas. Previo al inicio del ciclo escolar, el funcionario estatal manifestó que en la entidad apenas había 70 especialistas en el área, a pesar de que por ley debería existir uno asignado a cada plantel.
En mayo, trascendió el caso de una estudiante que agredió a su profesor con un arma punzocortante, en un plantel de la colonia Zozaya, en el municipio de Guadalupe.
Los hechos violentos persistieron hacia el final del año. El 11 de diciembre, un menor de entre 12 y 13 años murió de un disparo en la cabeza en una escuela primaria del municipio de Cadereyta Jiménez. Según la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, las líneas de investigación serían suicidio y homicidio.
Esa noche, la administración estatal emitió un comunicado: “El Gobierno Ciudadano invita a alumnos, padres de familia y maestros a continuar con el fortalecimiento de las actividades de prevención y detección de objetos que puedan ser utilizados para causar daño o que atenten contra la salud de la comunidad educativa en planteles públicos y privados del estado”.
Después, el pasado 22 de diciembre, una estudiante de secundaria se quitó la vida en su casa luego de dejar una carta póstuma en la que aseguró ser víctima de bullying por parte de una compañera de clases.
La menor tenía 14 años. Al estar sola en su domicilio, ubicado en Ciénega de Flores, optó por ahorcarse con una cortina.
Aunque su madre descubrió lo sucedido pocos minutos después, ya nada se pudo hacer por salvarle la vida a la menor de edad.