La Secretaría de Relaciones Exteriores inició acciones legales por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El gobierno insistió en que, en coordinación con la FGR, se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Organizaciones señalan que la agencia federal ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El gobernador del estado recordó que el centro siempre iba a ser temporal hasta que se pudieran asegurar centros de detención más permanentes.

La medida legal surge después de que los administradores del penal impidieran el acceso a la gobernadora Mikie Sherrill y a una comitiva de congresistas federales.

Autoridades sanitarias activaron una alerta en el centro de detención de Dilley, Texas, tras detectarse casos de sarampión entre familias migrantes; el menor Liam estuvo en el lugar.

Confinados en espera de resolver su estatus, los migrantes están a merced de abusos de custodios y autoridades que responden al discurso trumpista.

Los venezolanos ocuparon el segundo lugar con 46 mil 937 detenciones.

El representante legal del albergue “La Sagrada Familia”, advirtió que de no contar con el respaldo de los ciudadanos, dicho inmueble tendrá que cerrar sus puertas.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que apoye en las labores ante riesgo de saturación de los centros de migrantes poblados por menores.