Disparar contra hispanos, prohibir ciudades santuario, negar ciudadanía a hijos de migrantes, son iniciativas que se han más que triplicado en cuatro años.

Muchos dejaron de contratar y están en alerta: la incertidumbre crece en las 406 mil empresas dirigidas por hispanos en agricultura, construcción y servicios.

Confinados en espera de resolver su estatus, los migrantes están a merced de abusos de custodios y autoridades que responden al discurso trumpista.

Aún no toma posesión el nuevo presidente y arrecian las detenciones de migrantes irregulares, denuncian diversas organizaciones en California.

La falta de apoyo legal y discriminación hacen que mexicanos en edad productiva sean encerrados y luego enviados a su país, donde luchan por rehacer sus vidas.

Con movilizaciones y cabildeo político las organizaciones buscan extender permisos de trabajo, frenar deportaciones injustificadas y que la SEP contrate a repatriados.

Echan a un mexicano de allá y su pareja, ciudadana estadunidense, también se autodeportó a Chimalhuacán. Hoy reniega de la política migratoria de su país.

Hartos de los malos tratos y la corrupción, organizaciones civiles piden participar en la elección de cónsules. Ya cabildean la propuesta con Claudia Sheinbaum.

Aunque cada año pagan seguro social, Medicare y fondo de retiro, los migrantes sin papeles no gozan de esos derechos. Surgen reclamos para que se les devuelvan los millones de impuestos.