Cuando se anunció que la reforma judicial antes de ser aprobada tendría una socialización amplia dentro del formato del parlamento abierto, se dejó entrever la esperanza de que la actual legislatura o la siguiente tomaran las cosas con más calma y reflexión, escuchando voces de distintas posturas, para encontrar el justo medio de una modificación constitucional que si bien es cierto es necesaria, no en la forma, términos y condiciones que propuso el titular del Ejecutivo federal hace meses.
Así, se llevaron a cabo decenas de reuniones, foros, paneles de discusión pretendidamente abiertos a las posturas opuestas a la voluntad del jefe del Ejecutivo federal, sin embargo todo ha resultado árido.
La realidad es que la reforma está aprobada desde que se envió al Congreso.
Como ha sido a lo largo del sexenio, el presidente se ha ocupado a través de sus gestores y operadores políticos, de hacer los amarres suficientes como para que sus iniciativas no sean modificadas, como él mismo lo dice - ni en una sola coma - y tal como las propuso, así sean aprobadas para posteriormente promulgarlas.
El poder judicial federal, y el poder judicial en general, es decir incluyendo el de las entidades federativas, claro que requieren reformas. Entre los muchos problemas que tiene la administración pública, está la impartición de justicia, que en muchas ocasiones contraría el espíritu del constituyente que se encuentra expresado claramente en el contenido del artículo 17 de la carta magna y que impone el deber de impartir justicia de manera pronta, expedita y gratuita.
La justicia en nuestro país, no es pronta, ni gratuita ni expedita. Eso es indiscutible.
Se requieren reformas para que se cumpla con ese ideal del legislador, pero ciertamente no en la forma como las ha propuesto el jefe del ejecutivo federal, que obedecen más a sus instintos revanchistas y reivindicadores que en una gestión de beneficio común.
En su discurso de toma de posesión, en diciembre de 2018, López Obrador, garantizó que respetaría la independencia del Poder Judicial y ha hecho todo menos eso; cuando envió sus reformas al Congreso, por más que la señora Sheinbaum las quiso matizar con su
Parlamento Abierto, ya estaban debidamente cabildeadas para ser aprobadas.
Por más que le demos vueltas el resultado está cantado. Como diría Julio César a sus tropas cuando iban a cruzar el Rubicón: “Alea jacta est”
Todas las reuniones en torno al tema han sido inocuas, vanas, sin trascendencia alguna. La reforma está cantada. Todo es cuestión de tiempo para que se aprueba, y claro, de eso a que se implemente todavía le falta, pero al menos, sigue siendo el distractor ideal para evadir el análisis de los grandes problemas nacionales.