Las recientes declaraciones de funcionarios de la actual administración pública y de la que está a punto de tomar las riendas del país son preocupantes. Los foros y reuniones del parlamento abierto solo sirvieron para maldita la cosa y si acaso para exacerbar aún más los ánimos y el encono y profundizar la división en un país que lo que menos necesita es eso.
La reforma judicial es solo cuestión de tiempo. Las condiciones están puestas sobre la mesa y la voluntad de la próxima nueva titular del poder ejecutivo no será otra que cumplir con la directriz que le fuera prefijada, también, sin moverle una coma a sus proyectos.
Se está anticipando la elección de ministros, magistrados y jueces en todo el país, para el mes de junio de 2025. El costo económico será enorme, pero será mayor el social y el político si no se moderan los ánimos reformistas del poder ejecutivo y el legislativo.
La reforma es conveniente, pero matizada. Todo ha girado en torno a la vendetta del jefe del ejecutivo cuando debiera orientarse a procurar el mejoramiento del sistema de impartición de justicia.
Cuando se elijan nuevos integrantes del poder judicial no operará la magia y la impartición de justicia no se volverá imparcial, pronta y expedita. Quizá sean peores los vicios y los cotos de poder y lo peor, es que el sistema podría quedar paralizado con el advenimiento de impartidores de justicia carentes de práctica y solvencia jurídica, improvisados que solo enredarán los procedimientos.
Es una reforma ambiciosa. Pero reitero que no observo en ella, la directriz fundamental de procurar una impartición de justicia ágil e imparcial, sino el control que quiere tener el ejecutivo sobre el poder judicial, lo que la conlleva al fracaso en su propósito ideal que es abatir la corrupción.
La narrativa oficial orientada a la persuasión de la masa, es engañosa, profundamente engañosa. Bajo el manto de la procuración de justicia conforme a las normas constitucionales, se viola la constitución descaradamente y lo que provocará la consabida reforma no será ni el equilibrio de poderes, ni el saneamiento del judicial, sino la parálisis de los procesos, la complicación de los mismos y sobre todo, hará una realidad el avasallamiento del poder judicial a manos del poder ejecutivo que concentrará precisamente todo el poder en uno solo, algo difícil de revertirse en un sistema democrático.
La tormenta que se avecina será muy fuerte. Tocará a la nueva titular del ejecutivo federal hacer lo posible por amainarla, atemperar sus consecuencias y llevar paulatinamente la transformación del sistema de impartición de justicia, pero por los caminos de la concordia, del diálogo y no a través de la imposición ni para cumplir los caprichos de un ejecutivo sediento de venganza, ocultando sus garras y dientes con el manto de la sobreprotección de los pobres y los necesitados, discurso útil para la masa pero que a los ilustrados nos preocupa y mucho porque el clima de libertades en nuestro país podría cambiar y tal vez por mucho tiempo y para mal.