La nulidad de la licitación 2025-26 de Birmex, decretada por la Secretaría Anticorrupción, es el diagnóstico oficial del estado crítico de la salud de la 4T. No sé si fue esta la política pública lopezobradorista que más daño hizo a México, porque la de seguridad tiene méritos para encabezar el ranking de estropicios, pero no tengo duda de que el nefando manejo de la pandemia, el costoso fiasco del Insabi, el grave desabasto de medicamentos y la nueva corrupción con la que se “combatió” a la vieja corrupción son responsables de imperdonables perjuicios al erario y de miles de muertes evitables. Las decisiones de López Obrador en este ámbito reflejan escandalosamente los vicios populistas: autoritarismo, improvisación, desprecio al conocimiento. Gobernó a golpe de ocurrencias, que en este caso resultaron criminales.
A menudo me preguntan, por mis críticas al populismo de izquierda cuatrotero, qué habría hecho un presidente socialdemócrata con semejante poder. Mi respuesta es siempre la misma: crear un sistema de salud pública universal de excelencia. Es decir, emular a la socialdemocracia europea no en el discurso demagógico —la retórica de compararnos con Dinamarca fue una burla— sino en la fusión de IMSS, Issste et al en una sola institución, con clínicas y hospitales de calidad gratuitos para todos los ciudadanos, más allá de su estatus laboral. Si bien el reto era portentoso, con grandes obstáculos legales y sindicales, era remontable para alguien con el capital político de AMLO. Si en lugar de gastar su pólvora en infiernitos de polarización la hubiese invertido ahí, ese sería su gran legado. Pero optó por destruir en vez de construir, y nuestro país sigue pagando las consecuencias.
En un Estado de bienestar son más importantes las instituciones que las transferencias individuales de efectivo. El beneficio de los programas sociales de AMLO se diluyó en el costo para millones de familias, inermes ante el quebranto del servicio público, de recurrir a una precaria medicina privada. El Coneval lo midió: en números redondos la pobreza se redujo en 8% mientras que la población sin acceso a la salud aumentó en 23%, dejando en esta última categoría a unos 50 millones de mexicanos. Y todavía hay quienes minimizan la acumulación de errores cometidos entre la demolición del Seguro Popular y la apertura y el cierre del Insabi, que erigieron un monumento a la soberbia irresponsable de la ausencia de planeación. Si la principal obligación del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos y si esto, además de dar seguridad, implica cuidar la salud, es imperativo ampliarla, mejorarla e institucionalizarla. Pero claro, un populista rechaza la institucionalidad, que le resta margen discrecional, en aras del asistencialismo clientelar. Reitero la metáfora médica —nunca más apropiada— con la que suelo describir a AMLO: fue un anestesiólogo que palió el dolor de México sin extirpar los tumores cancerosos que lo postran y que ya están en plena metástasis.
La presidenta Sheinbaum tiene la palabra. Si privilegia las instituciones y recurre a especialistas para planear concluirá que un sistema de salud de calidad para todos es la gran asignatura pendiente. Y que la disyuntiva que enfrenta es ineludible: populismo o socialdemocracia.