El peligroso auge de los linchamientos en Puebla

Puebla /

En menos de una semana, en Puebla se contabilizaron cinco personas muertas por linchamiento, una cifra grave y preocupante, sobre todo porque ahora hay algunos comportamientos que agravan la situación.

Resulta que las comunidades involucradas han creado códigos que les blinden de cualquier acción legal futura, es decir, que impida la acción de la justicia por parte de la Fiscalía General del Estado, como ente investigador de estos crímenes tumultuarios.

Tanto en Coyula (Atlixco), como en Tianguistenco (Huejotzingo), los habitantes se organizaron y tomaron control de los accesos al pueblo; ellos decidían quién sí y quién no podía ingresar.

En el caso de Coyula, negaron a la policía, paramédicos y prensa el ingreso a la zona del linchamiento; lo mismo ocurrió en Tianguistenco, donde si bien hubo acceso para los reporteros, los encapsulaban sin dejarlos desplazarse y un comité decidía si les daban o no entrevistas. Para salir de la comunidad, tenían que ir escoltados.

Y otro dato: ya no se tienen videos o imágenes de los linchamientos, como antes ocurría. Esto se entiende como una forma para que entre ellos no dejen ningún elemento probatorio contra quienes cometieron tales hechos de barbarie, lo que justifican como un escarmiento ante la falta de justicia y donde muchas veces estos presuntos delincuentes salen de la cárcel para seguir haciendo de las suyas. Sin embargo, no calculan que ponen a la población al nivel de los mismos delincuentes al perpetrar un homicidio.

Ya el alto comisionado de la ONU en México se pronunció ante los hechos ocurridos en Puebla, pidiendo a las autoridades que actúen en consecuencia ante lo que calificaron como “hechos deshumanizantes”.

Lo cierto es que el fenómeno de los linchamientos no es nuevo, basta recordar lo ocurrido en el 68 en Canoa y la larga lista de casos que nos han puesto en el centro de la agenda noticiosa del país y del mundo.

Para solucionar el comportamiento de aquellas comunidades que hacen justicia por propia mano, se requiere más que voluntad política. Se requiere que los protocolos se apliquen de forma efectiva por parte de las autoridades involucradas para que impere el estado de derecho y urge además un plan de políticas públicas transversales donde asumamos que todos tenemos una responsabilidad y, al mismo tiempo, todos podemos ser parte de la solución.

  • Alberto Rueda
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