No es el primero en intentarlo y seguramente tampoco será el último.
El diputado morenista Andrés Villegas presentó una iniciativa que ha provocado ruido dentro del gremio periodístico, no solo en Puebla, donde fue presentada, sino a nivel nacional. Se trata de una nueva versión de la vieja y recurrente "Ley Mordaza". Un intento burdo por ponerle freno al periodismo crítico, disfrazado de protección a la privacidad de los funcionarios.
Su propuesta incluye lo obvio: la reiteración de derechos ya consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Pero en la letra pequeña asoma el verdadero propósito que es impedir que se cuestione la vida privada de los políticos. Y ahí es donde el proyecto se cae a pedazos.
Porque en un país democrático, la vida privada de los funcionarios no es solo privada. No cuando administran recursos públicos. No cuando toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. No cuando su conducta personal influye en su ejercicio del poder.
Si la “Ley Villegas” ya estuviera vigente, hoy no podríamos cuestionar, por ejemplo, la propiedad de 55 millones de pesos que, dato revelado por la periodista Elvia Cruz, el propio Villegas adquirió en su paso por la Secretaría de Gobernación estatal. La cifra por sí misma despierta muchas preguntas.
Si la “Ley Villegas” estuviera vigente, tampoco se podría hablar de lo ocurrido con José Luis Nájera, nombrado recientemente director del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano y que fue detenido en un operativo alcoholímetro, en estado de ebriedad, y luego intentó resolver su situación con presuntas llamadas de influyentismo. Con esta ley, el episodio quedaría fuera del escrutinio público porque, claro, pertenece a su "vida privada".
El problema de fondo es que la política y la vida personal de los funcionarios están entrelazadas. No se pueden administrar recursos públicos y exigir inmunidad informativa al mismo tiempo. La hipocresía es evidente ya que los mismos legisladores de Morena, que hoy impulsan este blindaje, alguna vez celebraron las investigaciones sobre corrupción de gobiernos priistas y panistas. Aplaudieron cuando la prensa destapó los escándalos de Mario Marín o Rafael Moreno Valle. Hoy, que la lupa se enfoca en ellos, buscan apagar la luz.
Veremos si sus compañeros legisladores le seguirán el juego o tendrán el valor de defender la libertad de expresión.