El gobierno de Ecuador tuvo el tino de presentar una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia la misma semana en la que ambos países comparecerán por la demanda mexicana que reclama la irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.
La contrademanda de Ecuador revela que el país sudamericano contaba con todos los elementos para emprender un proceso contra México. Sin embargo, hizo justicia por propia mano y ante las supuestas violaciones al derecho internacional cometidas por México cometió las propias entrando a la embajada por la fuerza y tomando como prisionero a Glas.
En el texto que pude revisar este lunes, Ecuador revela que en marzo y abril solicitó a México permitir el ingreso de la policía para detener al ex vicepresidente procesado por actos de corrupción. Se establece que desde diciembre, cuando México dio resguardo a Glas en la embajada, envió toda la información necesaria sobre el inculpado para que se le entregara o se permitiera su detención. Ecuador refiere los impedimentos que México tenía para recibir al ex funcionario en la sede diplomática, el proceso judicial en el que se encontraba y la improcedencia del asilo por estar siendo juzgado por un delito común, que México evaluaba otorgar.
Ecuador pudo haber entregado la demanda a la Corte Internacional de Justicia desde el 5 de abril, cuando en su lugar irrumpió en nuestra embajada. La realidad es que no la tenía elaborada y, ante la inminente salida de Glas hacia México, la inexperiencia y necedad del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se ordenó la detención del ex vicepresidente adentro de la embajada mexicana.
El texto evidencia que Ecuador tenía los elementos necesarios para llevar a México ante la justicia internacional y lograr una sentencia que, al menos, aclarara quién tenía la razón. Y posiblemente garantizara la entrega de Glas para ser procesado. Sin embargo, al presentarse en destiempo, pasada la ofensa contra México, y en medio de la disputa por la irrupción cometida por el país sudamericano, el documento termina siendo una suerte de justificación insuficiente a los actos violatorios del derecho internacional cometidos. O un intento de lo que en México decimos comúnmente: curarse en salud.