Hace unos días, un grupo de jueces y magistrados de carrera abucheó públicamente al consejero de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz en una ceremonia del Poder Judicial. Todo ocurrió ante la mirada complaciente —casi burlona— de la señora Norma Piña. Acto seguido, orgullosos, entonaron una consigna: “¡El juez imparcial es de carrera judicial!”. Más que un gesto de defensa institucional, fue una exhibición de soberbia y corporativismo que dice mucho sobre la cultura que impera en algunos sectores del Poder Judicial.
Días después, la Primera Sala de la Suprema Corte discutía la liberación de Juana Hilda, una mujer que pasó 19 años en prisión, víctima de una de las farsas judiciales construidas por Isabel Miranda de Wallace con complicidades institucionales. La Corte corrigió esa injusticia con cuatro votos a favor y uno en contra. ¿Quién votó en contra? El único ministro de carrera judicial que integra la Sala.
Durante casi dos décadas, los jueces de carrera judicial mantuvieron presa a Juana Hilda. La encarcelaron sin pruebas, sin perspectiva de género y sin respeto por el debido proceso. Lo mismo ocurrió con Florence Cassez, encarcelada tras un montaje televisivo validado por jueces de carrera, hasta que la Corte —con mayoría de ministros externos— corrigió la injusticia.
¿Cuántas personas no han sido encarceladas injustamente por condenas impuestas o validadas por jueces de carrera? Son miles los casos en los que se ignoraron violaciones al debido proceso, se aceptaron pruebas ilegales y se actuó con indiferencia frente a las víctimas. La idea de que el método de designación garantiza por sí mismo imparcialidad no resiste el peso de la evidencia.
Ciertamente ha habido jueces y ministros de carrera honorables, con vocación, capacidad técnica y compromiso ético. Pero también un sector importante del Poder Judicial ha estado capturado por otros intereses: nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, desprecio por los justiciables. Esa cultura fue generando el descrédito institucional y alimentando el rechazo ciudadano.
Lo mismo ha ocurrido en la cúspide judicial. Fue gracias a ministras y ministros externos que la Suprema Corte emprendió la revolución de los derechos humanos. Fuimos nosotros quienes impulsamos los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas, pueblos y comunidades indígenas, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a conocer la verdad, entre muchos otros criterios garantistas. Asumimos que el derecho no puede ser un instrumento de poder, sino una herramienta de liberación.
En contraste, durante los años de formación del nuevo paradigma constitucional, la mayoría de los ministros de carrera se opusieron a la expansión de los derechos. Votaron en contra de las libertades, renegaron del lenguaje de los derechos y sus posturas coincidían sistemáticamente con los intereses del PRIAN.
Más aún, cuando se discutió la reforma para transformar al Poder Judicial, fueron los ministros de carrera quienes se convirtieron en activistas políticos. Desde sus puestos, operaron contra la voluntad popular expresada en las urnas. Filtraron denuncias fabricadas, se reunieron con líderes partidistas, presionaron a legisladores. Usaron la toga como escudo y como arma.
Por todo ello, resulta hipócrita que hoy critiquen la elección popular de los nuevos ministros por no ser de carrera. Como si el origen importara más que el compromiso con los derechos.
La discusión de fondo no es sobre trayectorias individuales, sino sobre el modelo de justicia que necesita el país. Una justicia cercana, sensible, que escuche a las víctimas y no las revictimice. En tal sentido, la nueva integración de la Corte representa una oportunidad. No por ser distinta, sino por lo que puede encarnar: un nuevo modelo de juez más libre de inercias, igualitario y dispuesto a transformar.
La Corte no necesita más ministros de carrera. Necesita más ministras y ministros con carácter, principios y empatía.
¿El juez imparcial es de carrera judicial? A la luz de los hechos, esa consigna no es más que un intento de blindar privilegios tras el lenguaje de la imparcialidad. Pero la historia ya cambió. Hoy, el pueblo vigila. Hoy, la justicia se construye desde abajo. Y no hay marcha atrás.