El pasado 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobó los criterios que regulan las campañas en curso para la elección judicial del próximo 1 de junio. Entre otras cosas, el INE prohibió a cualquier autoridad o dependencia utilizar recursos públicos para promover el voto o incentivar la participación ciudadana. De forma tajante y sin sustento legal, el árbitro electoral determinó que no se puede brindar información al pueblo de México sobre el proceso electoral más importante de nuestra historia reciente.
La medida viola el derecho de acceso a la información pública y los derechos de participación política. En términos prácticos, el INE impone un silencio institucional total sobre el proceso electoral. Ninguna dependencia, incluyendo a la Presidenta de la República, puede dar información relativa a este proceso inédito. Pero el voto plenamente informado no es solo un derecho individual, es la piedra angular de la vida democrática. Y en la ausencia de información suficiente, oportuna y accesible, este derecho corre el riesgo de volverse una quimera.
La promoción de la participación política —cuando es neutral, imparcial y no afecta la equidad de la contienda electoral— no está prohibida por la Constitución. Por el contrario, es un deber de las autoridades mexicanas. En una democracia robusta, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho al sufragio sin barreras de cualquier tipo, incluyendo la falta de información, sobre todo en un proceso tan complejo como el que se encuentra en curso.
Esto es especialmente cierto tratándose de la elección judicial, que sigue una lógica ajena al sistema de partidos. No se están evaluando los resultados de un gobierno. No compiten las propuestas del partido gobernante contra la oposición. Se trata de un proceso ciudadano en el que las candidaturas emanan directamente de la sociedad y son postuladas por los tres Poderes de la Unión. Por ello, es legítimo que estos Poderes informen a la ciudadanía y convoquen a la participación pública en el proceso electoral.
El acuerdo del INE no solo impide hacer campaña por candidatos o utilizar recursos públicos con fines propagandísticos —lo cual ya está claramente prohibido por la ley—. Va mucho más allá: se trata de una prohibición absoluta. Fuera del propio árbitro electoral, cualquier institución pública tiene vedado informar sobre el mecanismo de elección, su relevancia, o sobre cómo y por qué participar.
Contrario a lo que asumió el INE, informar sobre un proceso democrático no es incidir en las preferencias de la gente. Es permitir que la sociedad entienda cómo se vota, qué se decide, quiénes son las personas candidatas y qué proponen. Impulsar la participación política, sin sesgos ni favoritismos, es fomentar una ciudadanía políticamente activa y consciente, no proselitismo.
En última instancia, la decisión del INE dificulta que la ciudadanía se informe sobre lo que está en juego el próximo 1 de junio, que no es menor. Por primera vez en la historia, las personas —sin importar su origen o condición social— podrán elegir directamente a quienes integrarán los órganos del Poder Judicial de la Federación, y con ello, incidir en el rumbo de nuestro sistema de justicia.
Las campañas ya están en curso. Más de 3 mil 400 candidatas y candidatos se encuentran trabajando para dar a conocer sus trayectorias y ganarse la confianza de la gente, muchas veces, con grandes limitaciones financieras y estructurales. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han hecho un esfuerzo institucional sin precedentes para llevar a buen puerto este proceso, que es un mandato del pueblo de México expresado en el texto constitucional. El árbitro electoral, en cambio, parece haber optado por dificultarlo.
No hace falta ser constitucionalista para advertir que esta decisión carece de sustento legal. Más que una medida jurídica, parece una jugada política. Pero sus efectos perniciosos son innegables: se limita el derecho de la ciudadanía a estar informada y, con ello, se busca entorpecer un proceso histórico que debería ser ejemplar. Esperemos que en los próximos días se restablezcan la certeza, la legalidad y la justicia en este asunto.