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Programas sociales y corrupción electoral

Bernardo Barranco

En las elecciones de 2018 hasta un tercio de los votantes estuvo sometido a algún ofrecimiento, promesa o amenaza para condicionar su voto. El resultado final con el contundente triunfo de López Obrador, evidenció el estrepitoso fracaso de la constelación de acciones de clientelismo en torno a los programas sociales, sin embargo, no se debe minimizar la necesidad de combatirlas. La constatación fue realizada en los resultados del proyecto de observación electoral “Democracia sin Pobreza”, realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. El asunto sigue siendo muy preocupante.

El uso político de los programas sociales es una perversión. Independientemente del partido en el poder la tentación es grande. Si antes fue el PRI ahora puede ser Morena. Se debe erradicar dicha práctica que ha sido ejercida durante décadas en los diferentes procesos electorales. Para enfrentar las prácticas clientelistas se requieren cambios sustantivos. En la normatividad electoral, es necesario generar sanciones severas y directas a partidos y candidatos que realizan prácticas de compra y coacción. Requieren además del funcionamiento efectivo del Sistema Nacional Anticorrupción. En el Edomex dicho sistema es una grotesca caricatura. Y también urge “blindar” la política social de las tentaciones políticas.

La organización INCIDE, presidida por Clara Jusidman, realizó en 2017 una radiografía de los programas sociales del Estado de México y concluyó su uso faccioso tendiente a incidir en el ánimo de los votantes. No existía un padrón confiable, reinaba la opacidad y la discrecionalidad tanto en la designación de los destinatarios como en los montos. En suma, cifras millonarias operadas por el gobierno de Eruviel Ávila de las que no se rendía cuentas y su destino era claramente orientar el voto ciudadano hacia el partido en el poder. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de México frente a la pobreza, propone tres acciones concretas para enfrentar efectivamente la compra y la coacción del voto, manipulando las necesidades de la población más vulnerable: 1.- Sanciones electorales severas. 2.-Acciones preventivas y sancionatorias del Sistema Anticorrupción. 3.- Cerrar espacios de discrecionalidad en asignación de apoyos o subsidios de programas.

Sin duda, una de las herramientas principales sería un padrón único de beneficiarios, construido a partir de un registro nacional ciudadano. Un registro que sea la única y obligatoria puerta de acceso para la asignación de subsidios, transferencias y apoyos de los tres órdenes de gobierno. Lo más relevante es blindar efectivamente de tentaciones de la política social. Incluso de apoyos disfrazados.

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