La elección dizque “popular” de jueces, magistrados y ministros será la peor desgracia de México en 200 años.
El quebranto a la nación con la concentración de los Tres Poderes en uno solo y la consecuente desaparición virtual de la separación entre las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, en su alcance y consecuencias, tienen una única equiparación que tampoco guarda relación con la justicia: la pérdida de más de la mitad del territorio en el siglo XIX.
Dentro de tres domingos se consumará el más letal de los venenosos caprichos que marcaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien a punto de irse a su finca La Chingada le dejó sembrada a su sucesora una bomba de tiempo que hace añicos el Estado de derecho y afecta a más de 84 por ciento de la población que tarde o temprano recurre a los juzgados y tribunales.
No soy abogado ni historiador, pero sé que una calamidad de tales proporciones contra los mexicanos no se les ocurrió a los dictadores Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz ni al chacal Victoriano Huerta, pero se ha querido vender como el último gran paso de “la democracia” en la desventura “cuarta transformación”.
La elección que se aproxima nada tiene que ver con la manoseada “voluntad popular”, entre otras razones porque, de acuerdo con el asqueroso y atropellado proceso de su aprobación e implementación, la reforma constitucional al Poder Judicial no solo nada tiene que ver con la impartición de justicia, sino por la imposibilidad de que vote la mayoría ciudadana que integra el padrón electoral, que en abril del año pasado alcanzaba la cifra de 98 millones de ciudadanos.
Casi todas las estimaciones calculan que acudirán a los centro de votación poco más de cinco millones de electores; las mediciones menos optimistas conceden que quizá sumarán diez, y en este escenario uno de los más respetados constitucionalistas en el mundo, el doctor Diego Valadés, demuestra con la aritmética por qué será una burla la jornada del 1 de junio, partiendo de que la elección de juzgadores federales será en todo el país, y la de los poderes judiciales locales tendrá lugar en 19 estados. Adicionalmente, en Durango habrá elecciones concurrentes de 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías, y en Veracruz de 212 ayuntamientos.
Para los 881 cargos federales y suponiendo que acudan a votar 10 millones de electores, Valadés hace notar que cada uno dispondrá de seis boletas, así que sumarán éstas 60 millones (el INE mandó imprimir 600 millones, porque no imagina que vote más de 60 por ciento del padrón).
Cada ciudadano tendrá 37 opciones de voto (tomará 37 decisiones).
El cómputo de votos no lo hará el millón y medio de ciudadanos que había en las elecciones federales, sino unos cuantos batallones de los 300 consejos electorales tradicionales, quienes tendrán como plazo 10 días para contabilizar… ¡casi mil millones de votos!
Como eso no será posible, se deduce que la elección ya está hecha…