Resumí ayer la trágica historia de tres ciudadanos que han permanecido en prisión 22 años siendo inocentes después de haber sido arrestados y torturados por la Procuraduría de Tlaxcala, en aquellos años en manos de un colaborador confeso del cártel de Sinaloa, y cómo después la procuraduría y Fiscalía Federal han continuado el suplicio.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado en 1991 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU para investigar detenciones arbitrarias que contravengan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales.
En abril del año pasado, después de una investigación en donde conoció el expediente, habló con las víctimas y con el gobierno; concluyó que “Mario Almanza Cerriteño, Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas fueron detenidos arbitrariamente por el Estado mexicano”.
Y concluyó: “El Grupo de Trabajo pide al gobierno de México que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Almanza, Hernández y Rodríguez sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los Sres. Almanza, Hernández y Rodríguez inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (covid-19) y la amenaza que representa en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo insta al gobierno a que tome medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata de los Sres. Almanza, Hernández y Rodríguez”.
Qué ha hecho el gobierno, la Fiscalía General, la de Tlaxcala, el Poder Judicial… nada. Como conté ayer, un juez de Tlaxcala ha decidido reiniciar el proceso incluyendo todas las pruebas que ya fueron invalidadas por el Poder Judicial federal.
¿Y lo que dijo la ONU? Que ya habían dicho otras organizaciones internacionales. ¿La O… qué? Qué es eso. Que no esté molestando. Y la ley, pues quién sabe qué es eso, no nos salgan con eso de que la ley es la ley.
El horror de la justicia mexicana.