Llevamos semanas en los medios discutiendo el asunto de la cantidad de diputados y senadores que se asignarán a cada partido y/o coalición producto de la elección del 2 de junio.
Comentaristas, abogados, miembros de la oposición, el gobierno y de la coalición gobernante han debatido, argumentado, afirmado, sentenciado qué debe pasar cuando primero el Instituto Nacional Electoral y después el Tribunal repartan los escaños de los plurinominales.
Las señales desde el INE y desde el Tribunal, sin embargo, apuntan a que el reparto será cercano a aquel que anunció Luisa María Alcalde y que las asignaciones se harán, como quiere el gobierno, por partido. Enormes mayorías legislativas para Claudia Sheinbaum. Aunque, en términos estrictos, no suficientes.
La Comisión Permanente ha pasado sus días procesando las iniciativas que en febrero presentó el presidente López Obrador —más alguna propuesta por la candidata ganadora— con tal de que sea en septiembre, antes de la toma de posesión, cuando la Cámara de Diputados las procese con la prisa —y descuido— que la coalición gobernante acostumbra. Varias de ellas serán constitucionales y no tendrán problema en la Cámara baja.
En el Senado, sin embargo, no hay manera de que Morena, PT y Verde tengan la mayoría constitucional por sí solos. Ya veremos cómo quedan las cuentas, pero andarán cortos por entre dos y cuatro senadores.
Esos senadores y/o senadoras serán la clave para todas las reformas constitucionales con las que el Presidente quiere cerrar su sexenio y dejar la herencia a su sucesora.
La historia de nuestros políticos y sus partidos nos diría que el asunto no tendrá problema. Ahí están dos senadores de un partido que ya no existe, el PRD. Siempre hay priistas dispuestos a negociar algo en su futuro político, o económico, con tal de regalar esos votos para las reformas constitucionales. Y ya veremos si algunos panistas o emecistas se apuntan.
Hemos leído en estas semanas cómo el futuro del poder de la presidenta depende de las decisiones que tomen unos cuantos, consejeros y consejeras del INE y el Tribunal. Pero, repito, creo que por ahí no hay mucho qué hacer.
El plan C, los planes C, dependen en realidad de menos personas. De un puñado de senadores de oposición que en septiembre tendrán en su voto el destino del paquetazo constitucional.
Eso vale. ¿Se vende? ¿Se negocia? ¿Se niega? Son dudas razonables.