En el invierno de 1893, Justo Sierra propuso que los jueces no fueran electos (como lo eran), sino designados para ser inamovibles. Con base en ello habló en la Cámara de Diputados. “Magistrados y jueces están a merced del poder y de sus agentes más íntimos”, dijo. Debían ser inamovibles, añadió, para poder ser independientes. Su iniciativa de ley proponía una nueva redacción del artículo 92 y del artículo 93 de la Constitución, según la cual los magistrados de circuito y los jueces de distrito serían nombrados por el jefe del Ejecutivo con la aprobación del Senado, al igual que los integrantes de la Suprema Corte, sin que pudieran ser removidos sino por ser culpables de delitos o de faltas en el ejercicio de su encargo, de acuerdo con la ley en México. La iniciativa pasó a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales.
La propuesta de Sierra dividió al Congreso. Muchos argüían que un sistema en el que los magistrados no serían ya electos sino designados, sin poder ser luego removidos de sus cargos, ponía en peligro la democracia. Por esa consideración, legítima, tardaron mucho en dar su dictamen las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Ese dictamen dejaba sin efecto la reforma planeada para el artículo 93. Proponía reformar nada más el artículo 92, en el sentido de que los miembros de la Suprema Corte serían electos como siempre por el pueblo, aunque no podrían ser removidos sino mediante una sentencia que los declarara culpables de delitos del orden común, a diferencia del resto de los jueces y magistrados, que podían ser removidos.
Sierra recordó sus palabras: “Soy yo, señores diputados, quien hace algunos meses dijo que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia”. Dijo estar convencido de que esa justicia solo podía ser garantizada con la independencia del Poder Judicial. La inamovilidad era solo el medio de lograrla, observó, por lo que estaba dispuesto a transigir: aceptaba que los jueces y magistrados pudieran ser destituidos, con tal de ganar la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Concluyó su discurso con esta reflexión: “Nosotros, que no venimos aquí a cuestiones académicas, ni a procurar el triunfo de teorías, sino a discutir leyes, nos hemos tenido que someter a una transacción, y hemos decidido apoyar el dictamen”. El 12 de diciembre de 1893 la iniciativa de reforma fue aprobada con 108 votos a favor y 42 votos en contra. Los diputados nombraron entonces una comisión, que encabezó Sierra, para entregar el proyecto de ley al Senado. Ahí quedó pendiente para ser discutido más tarde. Pero Díaz deseaba mantener el control del Poder Judicial. Para eso sabía que sus miembros debían de ser designados en elecciones que controlaba el gobierno, y que debían de ser, en principio, destituibles para mantenerlos disciplinados al poder. Estaba convencido de que conocía, mejor que el resto de los mexicanos, los intereses del país.
Hay un eco de todo esto en la reforma propuesta para el Poder Judicial. Los jueces federales, en efecto, serán electos, y no serán inamovibles, pues durarán no más de diez años en sus cargos.