Aunque el muro entre Estados Unidos y México que tanto anhela Trump y varios republicanos no se ha construido —todavía—, el país vecino ha logrado que varios pasos en América Latina se conviertan en un verdadero infierno para las y los migrantes.
Hace pocos días, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, advirtió que su país instaló alambres de púas en varios lugares de su frontera, con el propósito, dicen ellos, de “proteger” a su ciudadanía y a miles de migrantes, y que no le pidió la opinión a ningún país para implementar dichas medidas.
Sin embargo, el pasado 1 de julio, el Gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo con el recién investido presidente panameño, José Raúl Mulino, para detener los flujos migratorios a través de la Selva del Darién, por la que únicamente en 2023, cruzaron cerca de medio millón de migrantes, y en el primer semestre de este 2024, aproximadamente 190 mil.
Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de inicio de este acuerdo por un valor de 6 millones dólares, una cifra bajísima para el ambicioso objetivo, a partir de las próximas semanas, Estados Unidos se comprometió a cubrir los costos de las deportaciones a sus respectivos países de las miles de personas que a diario atraviesan Centroamérica para llegar a ese país.
Al parecer, no se tomó en consideración la limitación de la infraestructura de un país en desarrollo como Panamá ni tampoco las condiciones de los países expulsores para acoger de vuelta a las y los migrantes, que en su mayoría provienen de países como Venezuela, que enfrenta más de 900 sanciones económicas, precisamente por parte de Estados Unidos, o como Haití, que sobrevive a gobiernos satélites auspiciados por el mismo país del norte.
La Selva del Darién es un territorio inhóspito que hace las veces de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud, pero también olvidaron tomar en consideración la perspectiva del Gobierno colombiano. La Defensoría del Pueblo de dicho territorio manifestó que el cierre de esos cruces aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, especialmente en las áreas del Urabá antioqueño y chocoano en Colombia.
No en vano, el presidente Gustavo Petro ya ha expresado su rechazo a las medidas restrictivas en la frontera del Darién, especialmente por su inhumanidad.
Hablamos entonces de una “plan piloto” que va a generar, indiscutiblemente, un conflicto adicional entre Colombia y Panamá, que comparten dicho paso, pero dos visiones completamente distintas sobre la migración; por un lado, Mulino, que en campaña habló inclusive de cerrar totalmente esa frontera, y del otro, Petro, que ha abogado siempre, al igual que Andrés Manuel López Obrador, por una migración con un enfoque humanitario.
La historia nos ha demostrado que las políticas enfocadas en la disuasión no tienen un impacto significativo en los flujos migratorios, pero sí en la seguridad de las personas migrantes; lo único que generan este tipo de medidas es que las personas transiten por zonas cada vez más peligrosas y manejadas por el crimen organizado. Las y los migrantes no van a dejar de ejercer el derecho legítimo que tenemos todos los seres humanos de migrar.
Solo este domingo, una caravana de aproximadamente 1.500 migrantes centroamericanos y sudamericanos, inició su camino hacia Estados Unidos desde Suchiate, un pueblo en el estado de Chiapas, sur de México, frontera con Guatemala.
En plena campaña electoral en los Estados Unidos, sin duda alguna, esto se ha convertido nuevamente en moneda de cambio. Justamente el martes pasado, en la Convención Republicana en Milwaukee, hicieron de la migración un tema securitario y reforzaron su mensaje de implementar políticas más estrictas.
Estados Unidos sigue construyendo sus fronteras fuera de su país y más adentro de América Latina, como siempre lo ha hecho, aunque sea a costa de la vida y el bienestar de miles de inocentes que solo buscan una vida mejor.