En un informe presentado el día de ayer, la organización Human Rights Watch documentó que más de tres mil menores de edad se encuentran privados de su libertad en El Salvador, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. El documento titulado “Su hijo no existe aquí” registra numerosas violaciones a los derechos humanos, en su mayoría de niños, niñas y adolescentes de comunidades pobres de ese país.
En el informe de 114 páginas se documentaron casos que van desde la detención arbitraria, el acoso policial, la tortura, hacinamiento, condiciones insalubres, abuso sexual, falta de atencion médica, encierros prolongados en celdas de castigo, hasta falta de acceso adecuado a la representación legal, violaciones al debido proceso y juicios injustos. Asimismo, consigna que más de 1.000 niños han sido condenados, con penas que van desde dos a 12 años de prisión.
Al Gobierno de El Salvador no le parece suficiente la violencia de la desigualdad o del reclutamiento forzado a la que son obligados las y los menores de comunidades vulnerables, y ejerce una revictimización en su afán de mostrar resultados, casi a manera de “limpieza social”.
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el Gobierno”, alertó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La última cifra de personas privadas de la libertad liberadas corresponde a 7 mil en agosto de 2023, sin especificar si entre esas había menores de edad. Hace algunos días, la ONG salvadoreña Cristosal registró que al menos 176 niños quedaron huérfanos por la muerte de alguno de sus padres en prisión, mientras que 261 adultos murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024; por supuesto, ninguno era rico.
Sin importar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la falta de transparencia sobre las tasas de criminalidad, las denuncias de manipulación de las cifras y el cambio de las leyes al antojo de palacio presidencial, en El Salvador hay “mayor seguridad”, aunque sea a costa de la vida de miles de inocentes. De un lado, mientras no sea mi hijo ni mi hija, parece que se vale. Del otro, la dificultad de señalarlo en un régimen en el que es imposible disentir.
De la llamada guerra contra las pandillas, rápidamente el presidente Bukele pasó a una cruzada contra “las mafias de los alimentos”. Varias encuestas han documentado que más del 70% de la población salvadoreña considera que ahora el principal problema del país está relacionado con factores económicos —ya no con la seguridad—.
Tal parece que los abusos, los arrestos sin orden judicial, el régimen de excepción eterno y los pobres en las cárceles se convirtieron en parte del paisaje y en atractivo turístico en El Salvador. Ni siquiera a nivel internacional parecen haber muchos reclamos; varios políticos temen señalar a Bukele, ya sea seducidos por su mano dura o amilanados por su popularidad. Los paños de agua tibia nunca son definitivos y hay gente inocente padeciéndolos.