En los últimos días ha circulado una narrativa simplista que atribuye a Gustavo Petro la responsabilidad exclusiva de la polarización política en Colombia y, más aún, que lo vincula directamente con el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta versión no solo es inexacta, sino que además contribuye a profundizar las divisiones, que tanto denuncian algunos sectores, y a entorpecer el diálogo democrático necesario para la paz.
La polarización en Colombia no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un solo actor político. No nació con Petro ni con su Gobierno. Se trata de un proceso acumulado, resultado de décadas de conflictos sociales, desigualdades estructurales y enfrentamientos entre distintos sectores políticos, económicos y sociales. Desde partidos tradicionales, medios de comunicación y grupos de poder se ha ido construyendo una atmósfera de confrontación que no puede ni debe ser reducida a la figura de un solo político. Decir que Gustavo Petro es el responsable de la polarización política en Colombia no solo es injusto, sino falso. La polarización ha sido construida por décadas de gobiernos que gobernaron para unos pocos, que ignoraron los clamores de paz, que recortaron derechos laborales y criminalizaron la protesta social.
Colombia ya estaba polarizada en términos de desigualdad. Polarización es que ningún gobierno antes se atreviera a firmar un acuerdo de paz. Polarización es que las y los trabajadores hayan perdido derechos conquistados durante décadas, mientras se enriquecían unos pocos. Polarización es que las y los líderes sociales, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos hayan sido asesinados sistemáticamente sin justicia. Polarización es que a millones se les haya negado la salud, la educación y una vida digna, mientras se fortalecía una élite política y económica indiferente al sufrimiento popular, esa misma que sigue tan viva en estructuras como el propio congreso.
Lo que suele presentarse como "polarización" muchas veces es, en realidad, el síntoma de una redistribución del poder en el espacio público. Durante siglos, ciertos sectores dominaron la narrativa, el lenguaje, los temas “legítimos” de discusión. Hoy, cuando otros actores, históricamente silenciados, empiezan a hablar con fuerza, a ocupar espacios, a impugnar privilegios, eso incomoda. Después de 200 años de gobiernos de derecha en Colombia, la izquierda y su proyecto redistributivo les incomoda. No porque el odio sea nuevo, sino porque hay voces nuevas, y eso se confunde —o se disfraza— con “división”.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay, como cualquier acto violento, debe ser condenado y esclarecido, pero usarlo como excusa para culpar al presidente de la República sin pruebas, es irresponsable; es volver al viejo juego de estigmatizar a quienes se atreven a cuestionar el orden establecido, ese juego que tantas muertes nos ha costado en Colombia. Y como si no bastara, en las últimas horas se han detonado artefactos explosivos en distintos puntos de Cali, agravando el clima de tensión.
Hablan de la necesidad de un país unido, pero cuando el presidente Gustavo Petro convoca a todos los partidos a dialogar —en medio de una crisis nacional que claramente requiere consensos amplios— y la oposición se niega a sentarse, lo que queda claro es que su apelación a la “unidad” es pura retórica vacía.
La justicia debe seguir su curso a través de investigaciones rigurosas y objetivas, sin alimentar discursos que busquen culpables inmediatos para fines políticos o mediáticos. ¿Quién contrató al menor detenido? ¿Cómo llegó un arma desde Arizona, Estados Unidos, a sus manos?
Dicho sea de paso, frente a las críticas que ha desatado que el presidente Gustavo Petro asegure que también deben defenderse los derechos del menor capturado, es necesario recordar que si hay un menor sicario, el Estado falló. Falló en garantizar sus derechos más básicos: educación, salud, protección, oportunidades. Falló en su deber de construir condiciones de vida digna para que no terminara siendo instrumentalizado por redes criminales. Tras décadas de conflicto armado y crimen organizado, miles de menores han sido víctimas de la violencia en Colombia, siendo reclutados por todos los grupos al margen de la ley.
En ese sentido, ahora que la derecha quiere llevar todo el agua a su molino, es imposible no ver las similitudes entre el atentado contra Miguel Uribe y el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial en Ecuador.
Tanto en Colombia como en Ecuador, los hechos sucedieron en medio de climas políticos álgidos, donde los sectores de derecha acusan a los gobiernos progresistas de todos los males. Tras el asesinato de Villavicencio, se intentó culpar al correísmo sin pruebas, desatando una campaña mediática contra el expresidente Rafael Correa y la candidata presidencial de su partido, Luisa González. De forma similar, el atentado contra Miguel Uribe ha sido rápidamente instrumentalizado por sectores de derecha para responsabilizar a Gustavo Petro, sin ninguna evidencia.
En ambos países, sectores conservadores han apelado al miedo y a sacar raja política en medio del caos como forma de consolidar poder y apoyo popular. Ninguno de los dos candidatos gozaba de un apoyo popular significativo. Colombia está en pleno año electoral, en el que la derecha no logra repuntar con ningún candidato, y esto no es un dato menor.
Es innegable que existen intereses profundamente conservadores que se resisten a perder el control político y económico que han mantenido durante décadas, y utilizan la violencia y la polarización como herramientas para desacreditar a los proyectos populares y avanzar en su agenda de exclusión. Seguramente, en los próximos meses presenciaremos una agenda “política” cargada de violencia.