Pasó de panzazo el proceso electoral para elegir a jueces y magistrados. Así lo determinaron los consejeros electorales que votaron divididos: seis a favor de declarar la validez de la elección, cinco en contra. Apenitas, pues. Lo que les pareció más grave no fue el hallazgo en 818 casillas de serias irregularidades, como que votaron más del 100% de la lista de electores en ciertas casillas, o que en otras se detectaron votos planchados (es decir, que no habían sido doblados como es inevitable que ocurra con cualquier voto que haya entrado en una urna), o series de votos rellenados por la misma persona. Todo eso los preocupó, pero como sólo fueron detectadas en el 0.97% de las casillas, coincidieron en que esos hechos por reprobables que fueran, no ponían en duda la calidad del proceso y procedieron a eliminarlas de la sumatoria total.
Mucho más intensa fue la discusión entre los consejeros sobre los famosos acordeones. La autoridad electoral detectó 37 acordeones, muy coincidentes, y distribuidos de forma generalizada. Y la discrepancia radicó en determinar si esa promoción ilícita fue determinante en el resultado y, por tanto, podía implicar la invalidez de la elección. La ley, hay que recordarlo, prohibía la intervención de los partidos políticos y, desde luego, de los gobiernos (locales y federal) en la promoción de los candidatos. Se suponía absurdamente que los candidatos debían presentarse con sus medios y sin apoyo de nadie (“libres”) ante la sociedad. El resultado fue que todo ocurrió en lo oscurito: sí hubo una amplia campaña de propaganda masiva (los acordeones), de la que ignoramos con certeza quién fue el promotor y de dónde provino el dinero (muy probablemente público). Y lo cierto es que estos acordeones influyeron, y mucho, en el sentido del voto de millones de personas y, por lo tanto, en determinar quiénes resultaron ganadores.
El problema de fondo está en haber sacado de la elección a los partidos. Y resultó fácil de hacer (más allá de las motivaciones que haya tenido la mayoría para hacerlo) porque es tal el desprestigio de todos los intermediarios (partidos, iglesias, sindicatos) en nuestras sociedades (no sólo en México) que eliminarlos no conlleva ningún costo político frente a la opinión pública. ¿Quién va a salir a pedir que intervenga el PAN o el PRI respaldando a futuros jueces y magistrados? La consecuencia es que, en lugar de una disputa abierta entre diferentes acordeones, presentados y respaldados por partidos y grupos distintos, tuvimos una elección con acordeones cuasi idénticos y con un solo grupo promovente (el partido en el poder).
Paradojas de nuestro tiempo ese rechazo supuestamente liberador frente a los intermediarios que se empezó a cocinar desde los años sesenta del siglo pasado y que, amplificado por la tecnología y las redes sociales, ha acabado debilitándonos frente a todos los poderes (político, económico y tecnológico). El efecto es notorio y notable. En México nos hacen falta representantes políticos que puedan organizar una oposición viable y en Los Ángeles acabamos de ver que, sin liderazgos capaces de encauzar las manifestaciones, la violencia anárquica termina por fortalecer al adversario.
Y ahora, ¿cómo reconstruimos intermediarios respetables, creíbles y eficaces?