5 de junio, día marcado en el calendario nacional de las infamias, a causa de un incendio en el que perdieron la vida 49 niños y niñas de Hermosillo, Sonora, en una de las cientos de guarderías del IMSS convertidas en negocio de políticos y sus familiares.
No fue un accidente, fue la corrupción lo que encendió esta tragedia de proporciones bíblicas. Un fuego que exhibió, con brutal claridad, el ABC de impunidad de un sistema que no detiene su voracidad ni siquiera con las infancias: autoridades criminales, burocracias omisas, capitalismo salvaje…
Hace 15 años, en el verano centenario y bicentenario de 2010, gracias a la lucha de madres y padres, el caso llegó al pleno de la Corte, con un informe que reconstruía los hechos con rigor, evidenciando que la estancia infantil llevaba casi una década sin cumplir normas básicas de seguridad ni ser auditada ni visitada físicamente por autoridades federales. El documento detallaba la omisión deliberada de funcionarios estatales y municipales ante la falta de salidas de emergencia, alarmas, extintores, rutas de evacuación, el sellamiento de las ventanas con rejas metálicas, la instalación de un techo de poliuretano inflamable, y la colindancia con una gasolinería y una bodega estatal donde se almacenaban papeles y gasolina por igual.
La tragedia de la guardería ABC no fue un accidente, porque aquella investigación de la Corte demostró que había fallas sistemáticas y generalizadas que abarcaban todo el modelo de guarderías subrogadas del IMSS, el cual estaba diseñado más como una gran oportunidad económica para gente con influencias en el gobierno que como una política pública para cuidar a las hijas e hijos de las familias obreras en el país.
De manera silenciosa y opaca, sin supervisión y mediante favoritismos, el Esquema Levy —nombrado así en honor de un gurú neoliberal del gobierno de Ernesto Zedillo que lo creó— dio a particulares la operación de mil 400 guarderías públicas, invocando una eficiencia financiera que catalogaba a los niños como “unidades de ingreso”.
Bajo esta lógica del mercado asumida por un Estado que lucraba con la infancia a través de la privatización de las guarderías públicas, la ABC no era una estancia de cuidados infantiles, sino un negocio que usaba como fachada a la niñez. Y como todo negocio sin regulación, cuando se incendió, no fue el capital lo que se perdió.
En 2010, la maquinaria del gobierno de Felipe Calderón, en colusión con mafias del PRI, presionó para que la Corte omitiera nombrar a los altos funcionarios involucrados, bajo el concepto de justicia estructural. La única consecuencia que hubo fue la reforma inmediata posterior al artículo 97 de la Constitución para que la Corte dejara de investigar violaciones graves a derechos fundamentales. El caso ABC fue la última investigación constitucional que hubo en nuestro país.
Seis ministros votaron contra la condena de los hechos y el señalamiento de los responsables: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna, Sergio Valls, Luis María Aguilar, Sergio Salvador Aguirre y José Ramón Cossío.
Uno de los fallos más vergonzosos en la historia de la justicia mexicana debería ser corregido de alguna manera por la nueva Corte. Ninguna sociedad, por más que en la nuestra hayamos normalizado tanta violencia e impunidad, puede permitir que maten a sus hijos y que nadie, nunca, se haga responsable. A través de este principio de justicia estructural, esa nueva Corte puede también atraer el caso de otras víctimas vulnerables más recientes, pero ya olvidadas: los 40 migrantes del albergue privatizado de Ciudad Juárez.
Justo estos días me tocó pasar por el palacio de la Corte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y también frente a la guardería ABC, en la periferia sur de Hermosillo. Ambas estructuras siguen ahí, intactas en lo que cada una simboliza: en una, pisos de mármol; en otra, paredes chamuscadas. El 5 de junio no se olvida.