Operación sucia en marcha

Ciudad de México /

A unos metros de la bella Cineteca Nacional en la Ciudad de México se fragua una nueva fase siniestra de la campaña de asedio mantenida por el gobierno capitalino y federal en contra de La Casa de los Pueblos, “Samir Flores Soberanes”, ubicada en las antiguas instalaciones centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

De acuerdo con testimonios de activistas que le dan vida a este espacio tomado en octubre de 2020 en protesta por el incumplimiento de una serie de demandas de vivienda de la comunidad indígena otomí, un grupo de “Servidores de la Nación” llegó hace unos días al lugar con carpetas judiciales de la fiscalía capitalina en las que se aseguraba que ocho menores de edad reportados como desaparecidos entre 2019 y 2023 habían sido vistos por última vez ahí.

“Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos?”, cuestiona un texto firmado por una larga lista de organizaciones y personas, quienes rememoran el brutal y fallido intento de desalojo ocurrido en octubre del año pasado, primero a través de más de 500 policías y días después mediante el envío de un grupo de civiles armados que realizó disparos en contra de un espacio al que también han mostrado su respaldo el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Como parte de esta sucia operación en marcha, el pasado 3 de mayo Diego García Bautista, notable defensor de la causa otomí y otras luchas populares por la vivienda y el agua en la capital, fue intimidado en su casa por agentes policiales. “Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero”.

Para los participantes de la toma del INPI no queda la menor duda de que las autoridades capitalinas están fabricando un expediente judicial que permita dar una forma criminal a lo que en realidad es una persecución política en contra de García Bautista y quienes han ido convirtiendo el antiguo inmueble oficial en un espacio cultural de reunión y resistencia social, más allá de la acendrada pugna que libran hoy los diversos y desesperados grupos de poder de la Ciudad de México.


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