Sin dar ni pedir cuartel

Ciudad de México /

Todo rufián es un ser vil y despreciable que vive de la estafa y la mentira.

No me cansaré de repetirlo y machacarlo para que así lo registre la Historia: en este sexenio ha estado claramente señalado el iter criminis (camino del delito) del gobierno federal: es una ruta rápida, eficaz y perversa que primero lanza desde el Palacio Nacional campañas de odio, difamaciones y calumnias en contra de instituciones y personas; después simula una consulta al pueblo bueno para que opine al respecto; y, finalmente, aplasta a sus víctimas (al costo que sea) arguyendo que solo se cumplió con el mandato popular.

Muchos casos demuestran esa felonía en agravio de la nación, y hay uno paradigmático: la cancelación arbitraria del aeropuerto de Texcoco en plena construcción. Tartufo, aún antes de protestar y asumir el cargo de presidente, difamó y calumnió a las empresas constructoras; las acusó (sin aportar prueba alguna) de estar cometiendo un cuantioso saqueo a las arcas públicas; en seguida hizo la pantomima de “consultar al pueblo bueno”; y finalmente canceló la referida construcción; y ¡oh sorpresa! indemnizó y recontrató a las empresas acusadas de corruptas, dejándole al país una deuda enorme y privándolo del aeropuerto que requiere en el Valle de México para su seguridad aeronáutica y su desarrollo, sustituyéndolo por otro que no satisface la demanda actual, y ni hablar de la futura. Lo importante para ese enfermo mental fue establecer, desde un principio, “quién manda aquí”.

Muchas han sido (y serán) sus fechorías en ese periplo presidencial, incluidas las impuestas a su sucesora. Hay una de ellas, que está en trámite y que será devastadora para la vida nacional: me refiero al sometimiento forzado del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, usando para ello a sus mayorías “calificadas” en las legislaturas federal y locales, como hordas hambrientas y reptantes a sus pies.

En efecto, al acecho artero a los juzgadores, perpetrado durante todo el sexenio, sigue la farsa de la consulta pública, para dar apariencia democrática a la demolición del Poder Judicial de la Federación, trocándolo por una burocracia inepta y corrupta comandada por el Ejecutivo Imperial.

Ese atropello será calificado por el obradorato como un avance democrático, y tranquilizará a los ignorantes, pero será el fin de la independencia y autonomía del Poder Judicial, garantizando que irrumpa insolente la dictadura cavernaria. Si para ocupar cargos en los tribunales habrá listas formuladas respectivamente por el Ejecutivo, el Legislativo (de mayoría cuatrotera) y el Judicial, esa será la coartada que les asegure entronizar a los oficialistas.

Por eso y mucho más, los amantes de la libertad, que queremos vivir en un auténtico Estado de derecho, seguiremos firmes en la lucha, sin dar ni pedir cuartel.


  • Diego Fernández de Cevallos
  • Abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, se ha desempeñado como diputado federal, senador de la República y candidato a la Presidencia de México en 1994. / Escribe todos los lunes su columna Sin rodeos
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