Garra de León

León /

Que en medio de una crisis generada por la sombra de la desaparición de organismos autónomos que integran entre otros el Sistema Anticorrupción pareciera que finalmente en Guanajuato se logró lo que se esperaba del Comité de Participación Ciudadana, reducirlo a su más mínima expresión dejando de lado la gran oportunidad de contar con personas que estén atentas a mejorar el uso del recurso público.

Lejos quedaron los días en los que se realizaban reuniones con contralorías municipales, acercamientos con las universidades y cámaras empresariales, se ideaban recomendaciones no vinculantes para reformar la ley en favor de los ciudadanos que justificaron en algún momento el ingreso de los integrantes del CPC que es de la nada despreciable cantidad de 80 mil al mes.

Que curiosamente también cesaron los ataques a los integrantes de este comité ciudadano y pareciera que el verdadero interés de quienes cuestionaron a los ciudadanos que poco a poco fueron cediendo espacio a los nuevos integrantes al ver la opacidad y el ostracismo con el que se conducen los actuales miembros decidieron dejarlos ser… y cobrar.

En tiempos en los que está en riesgo la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas de gobierno y en el que los mecanismos para sancionar la corrupción están poco menos que anquilosados dados los escasos resultados para no solo combatirla sino también prevenirla es lamentable ver como duerme el CPC.

Que no es para menos la preocupación, ayer Transparencia Mexicana presentó la nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción en 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles lo que coloca al país en el último lugar de los países que integran la OCDE.

Esto no es más que un claro llamado a enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México. De acuerdo con el INEGI, en 2023, 83% de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema “frecuente o muy frecuente”. El INEGI informó también que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial en 2023.


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