Todo surgió a partir de una tarea que se les dejó a alumnos de la carrera de Comunicación sobre las opciones de televisión y sus alcances y penetración en el comportamiento humano.
El trabajo de investigación, conforme se iba avanzando, empezó a tomar otro rumbo, al grado de evidenciar el engaño en el que caen los consumidores de la televisión de paga. Los estudiantes, al iniciar su trabajo, realizaron una encuesta en el Valle de Toluca para conocer el consumo de contenido televisivo que tiene la población de esta región.
Una vez que se identificó el contenido que consume la población en general, el trabajo dió otro giro, pues la gran mayoría de los habitantes se inclinó por las series de televisión ya sea por aplicaciones o bien por televisión de paga.
Y es aquí donde el estudio de los alumnos de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, se dió a la tarea de conocer ¿Qué ofertan las aplicaciones? ¿Cuántos distribuidores de televisión de paga hay en la región? Los costos y todo lo relacionado a los contenidos.
La sorpresa fue que, tanto los administradores de las aplicaciones como los concesionarios de televisión de paga, engañan a los consumidores ofreciendo paquetes muy baratos, que hacen al público aceptar.
El engaño estriba en los contratos que suscriben consumidores y oferentes, pues le hacen creer al que adquiere el servicio que será una tarifa única.
Empero, al tercer mes del servicio, cuando acuden a pagar o han domiciliado a una tarjeta de débito o crédito el cobro del servicio, viene el desencanto: la tarifa sube más de 75% a lo que iniciaron pagando.
Porque el contrato que suscribieron fue que los primeros tres meses son de un precio y a partir del cuarto otra tarifa, "por actualización de costo de servicio", es decir, una reverenda tontería y por consiguiente engaño a los consumidores.
No hay una legislación que regule a los oferentes de tv de paga en este sentido, en el engaño que hacen para atraer clientes y posteriormente aplicarles una tarifa obligatoria.
La legislación está en función de su operatividad y no así a los costos y tarifas que deben de tener en la venta del servicio.
Y hay más: ejar de pagar el servicio por inconformidad por el aumento de la tarifa, representa una violación al contrato, y al consumidor lo asedian con llamadas desde un call center para exigirle el pago y amenazan con llevarlo a juicio.
Los estudiantes concluyeron que debe haber una legislación que regule las tarifas en función de lo que ofertan y que el incremento sea de acuerdo a la cantidad de contenidos que se contraten y no cada tres meses por "actualización".
Un engaño y un negocio muy jugoso.