De acuerdo al reciente informe ‘Hallazgos 2023’, presentado por la organización ‘México Evalúa’; en Jalisco, el nivel de impunidad alcanza niveles que deberían alarmar a cualquier sociedad que aspire al Estado de Derecho. De cada 100 delitos del fuero común cometidos, solo 6 derivan en procesos judiciales a nivel nacional, lo cual representa una impunidad del 93.63%. Sin embargo, Jalisco se sitúa entre las 17 entidades con índices de impunidad superiores al 90%, y casos específicos como los homicidios dolosos y feminicidios muestran niveles del 100% de impunidad. Es decir, en estos crímenes no existe ningún caso registrado que haya sido resuelto. Esta situación no solo deja a las víctimas y sus familiares sin justicia, sino que también proyecta un mensaje de debilidad institucional ante el crimen.
Para otros delitos graves como desaparición forzada, secuestro, extorsión, violación, violencia familiar, abuso sexual, robo a casa habitación y narcomenudeo, la situación en Jalisco no es distinta. Los niveles de impunidad superan el 97%, mostrando un sistema de justicia incapaz de actuar contra los delitos que afectan más profundamente a la población.
El estado de Jalisco registra la posición 26 en el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del ‘World Justice Project’, con una puntuación de apenas 0.38 sobre una escala de 0 a 1, donde 1 indica un pleno respeto al Estado de Derecho. En justicia penal, Jalisco obtuvo su peor calificación en los últimos años, con un 0.31, y en respeto al debido proceso penal, solo alcanza el 0.33. En el indicador de imparcialidad, independencia y transparencia del sistema de justicia penal, el puntaje es aún más bajo (0.27), colocándolo en la posición 31 del país.
Este deterioro refleja, no solo la incapacidad de las instituciones para asegurar una justicia efectiva, sino una falla sistemática que afecta todos los niveles de la procuración e impartición de justicia. El panorama de la justicia penal en Jalisco sigue siendo desolador. La falta de una política criminal sistémica, el bajo índice de vinculación a proceso y los débiles indicadores en el Estado de Derecho, indican que, la justicia en Jalisco seguirá siendo, como hasta ahora, un proyecto incompleto y un objetivo distante.