Desde sus inicios, la administración de la presidenta Sheinbaum ha tratado de enviar un mensaje de acercamiento con el sector privado mexicano. Al parecer, la Presidenta tiene claro que el gobierno requiere de la colaboración del sector privado para lograr los ambiciosos objetivos que ella se ha planteado. Al anunciar el Plan México, por ejemplo, se estableció como objetivo que la inversión total llegara al 28 por ciento del PIB para 2030. Dadas las restricciones fiscales que enfrenta el gobierno, esto solo podrá lograrse si ocurre un aumento significativo de la inversión privada, la cual debe pasar de 22 por ciento al 25por ciento del PIB en este sexenio. La Presidenta también estableció el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, el cual está conformado por 15 empresarias y empresarios de distintos sectores económicos y regiones del país. Todo esto envía sin duda una señal positiva en el intento por tratar de restablecer una relación que paulatinamente se había venido deteriorando.
Por ello, llama la atención la forma tan descortés, por decirlo suavemente, con la que se trató al sector privado durante la reciente reforma al Infonavit. De entrada, debe recordarse que este organismo no es un ente puramente gubernamental, sino que más bien tiene un carácter tripartita, ya que en él participan trabajadores, empresarios y gobierno. Esta institución, que se fundó en 1972, nació de una iniciativa del gobierno, pero se fondea básicamente con las aportaciones que realizan los patrones de una fracción de los ingresos de los trabajadores. Jesús Silva-Herzog, primer director general de la institución, así lo describe en sus memorias: “Desde sus orígenes, el Infonavit surgió con un carácter tripartita. Todos sus órganos de gobierno —la asamblea general, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Inconformidades y Valuación y las Comisiones Regionales—mantenían ese carácter. En las labores de dirección los directores sectoriales de los trabajadores y empresarios acompañaban al director general”.
Es necesario recordar también en qué contexto se da la reforma a la institución: dentro de las propuestas de la actual administración se plantea la construcción de hasta un millón de viviendas nuevas. Una parte importante de estas viviendas serían construidas por el Infonavit, por lo que se requería una modificación que le permitiera crear una filial que se haría cargo de la construcción de vivienda. Mientras que los partidos opositores se manifestaron abiertamente en contra de esta propuesta, el sector privado solo pedía que el diseño institucional respetara el tripartismo original. El sector privado, en voz de sus agrupaciones institucionales, planteó algunas consideraciones que, al tiempo que permitían la posibilidad de que la institución construyera vivienda directamente, al menos se mantuviera un arreglo institucional que garantizara un cierto equilibrio en la toma de decisiones, una mejor rendición de cuentas y que se le pudiera dar seguimiento al desempeño financiero de la constructora. Nada de esto fue tomado en cuenta. A ellos también les pasó la aplanadora. Los trataron como si fueran oposición. La verdad no se entiende esta actitud: el sector privado debe ser visto como un aliado, no como un adversario.