A últimas fechas hemos presenciado diversos episodios en los que personajes de la vida pública exhiben una piel muy delgada y se muestran muy sensibles a la crítica. Esta situación lamentablemente comienza a proliferar bajo distintas formas incluyendo juicios y modificaciones legales. Hagamos un breve recuento de algunos casos.
Un primer caso fue el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien no soportó que un ciudadano lo confrontara públicamente en un salón VIP del aeropuerto. El senador utilizó todos los recursos a su alcance (incluyendo al área jurídica del Senado) para orillar al ciudadano a que se disculpara en forma pública en las propias instalaciones del Senado.
Otro caso es el de la diputada por Sonora, Ma. Karina Barrera, quien interpuso una queja por el tuit de una ciudadana que sugería que su candidatura a la diputación se debía a la presión política de su esposo. Sorprendentemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial no consideró que se trataba de una opinión política, sino que concluyó que la ciudadana había ejercido violencia política de género y la condenó a pagar una multa y a disculparse en forma pública.
Otro caso es la denuncia reciente de la ex candidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Alicia Martínez (que en campaña se llamaba a sí misma Dora la Transformadora), por un tuit de la actriz Laisha Wilkins. Lo único que hizo la actriz fue citar el encabezado de un medio noticioso que se refiere a la ex candidata como “Dora, la Censuradora” y añadir “Dora, la Censuradora, jaja”.
Otros dos casos involucran a gobiernos estatales. Por un lado, en Puebla se aprobó una reforma al Código Penal en la que se tipifica el delito de ciberasedio, el cual pretende castigar con prisión a quienes injurien, ofendan o agravien a otras personas con la intención de causar daño físico o emocional. La ambigüedad de esta reforma ha sido interpretada por diversos sectores de la sociedad como un claro intento del gobierno local para castigar y/o censurar las opiniones vertidas en redes sociales en contra de funcionarios estatales.
El otro caso, aún más grave, es el ocurrido en Campeche, en donde la gobernadora Layda Sansores ha demandado por difamación, calumnia y violencia política de género al ex director del diario Tribuna, el periodista Jorge Luis González Valdez. Como resultado de esta denuncia, una jueza de control ha vinculado a proceso al periodista, le ha prohibido ejercer el periodismo por dos años y ordenó el cierre de la plataforma digital del diario Tribuna. Otra jueza ha condenado al periodista a pagar dos millones de pesos en un juicio promovido por el vocero del gobierno del estado.
Como se puede ver, ya comienza a aparecer un patrón en contra de la libertad de expresión de ciudadanos y/o periodistas. Antes se decía que los políticos deberían ser como los elefantes: que deberían tener colmillo, los pies bien asentados en la tierra, la piel gruesa y la cola corta. Nuestros políticos actuales parecen estar muy distantes de ese modelo. No toleran la crítica. Les falta colmillo y les sobra soberbia. Se suben a un ladrillo y pierden contacto con el piso y con la realidad. Más que piel de elefante parecen tener piel de rana, delgada e hipersensible.