Lo que oculta el caso Zaldívar

Ciudad de México /
Alfredo San Juan

Como en toda guerra, en la confrontación entre el Poder Judicial y el gobierno de la 4T han habido excesos, más de una infamia y no pocos escándalos. Hay fobias y filias en juego y animadversiones personales, pero también hay argumentos legítimos que habría que entender antes de emitir juicios categóricos.

Lo más fácil y simplista es etiquetar de corruptos a los jueces, de ser personeros de los grupos privilegiados o, por el contrario, concluir que las inclinaciones autoritarias del Presidente lo llevan a poner de rodillas al Poder Judicial. La verdad es mucho más complicada que eso.

Desde la perspectiva de cada una de las partes hay argumentos legítimos, además de la información a medias o los abusos cometidos por el empeño de ganar batallas. Desde la lógica del Presidente, el sistema de justicia ha sido el principal instrumento político utilizado por los intereses creados para obstaculizar su proyecto de transformación. Y, en efecto, parcialmente es así. En sí mismo no hay nada ilegítimo en ello. Los actores políticos y económicos están en su derecho de utilizar las leyes para litigar sus causas. En ocasiones utilizando zonas blandas de las mismas, recurriendo a generalizaciones originalmente destinadas a la excepcionalidad de casos particulares o distorsionando en su favor el espíritu de una ley. Nada que no haga cualquier abogado defensor buscando recovecos. Por ejemplo, con el amparo individual escalado políticamente para detener iniciativas presidenciales. Y también es cierto que la mayor parte de los jueces y cuadros del Poder Judicial emanaron del modelo anterior, pertenecen al sistema y al tercio de la sociedad menos favorable a la visión obradorista. En tal sentido es inevitable encontrar sesgos político-ideológicos en algunos fallos contrarios a las posiciones de la 4T.

Bajo ese diagnóstico, el mandatario asume que las “artimañas legaloides” en su contra son abominables porque buscan neutralizar un proyecto de cambio votado y exigido por la mayoría de los mexicanos en las urnas en 2018 y ratificado en los niveles de aprobación cercanos al 60 por ciento de la población. Con qué derecho, se pregunta el Presidente, un puñado de jueces boicotea olímpicamente, cediendo a los argumentos de sus rivales políticos, la voluntad del pueblo.

Con esa lógica, López Obrador no interpreta sus actos e invectivas contrarias a los jueces como una deriva autoritaria, sino como un esfuerzo para denunciar el carácter politizado de la actuación de estos y, sobre todo, como una cruzada para introducir en la Suprema Corte, y en general en los tribunales, nuevos cuadros y elementos de juicio más sensibles a las causas sociales.

No carece de razón. En 2018 la mayoría de la población exigió un cambio, pero el voto popular solo modificó al Poder Ejecutivo y parcialmente al legislativo. El resto de los poderes e instituciones siguió perteneciendo al régimen político e ideológico anterior. Puede entenderse que el Presidente haya buscado ampliar su margen de maniobra y neutralizado la capacidad de los poderes restantes para detener su proyecto. De allí su estrategia para debilitar al Poder Judicial.

Y ciertamente ha habido excesos. Por un lado, el embate presidencial, pese a ocasionales deslindes (“no todos son así, hay excepciones”), en la práctica ha arreado en contra del sistema judicial en su conjunto, lo cual resulta injusto respecto a muchos elementos ajenos a ese sesgo conservador o corrupto. Eso ha obligado a una reacción de defensa casi unánime entre los miembros de la institución. Mala cosa, además, porque aparentemente lo empata con la tendencia universal de los gobiernos autoritarios a restringir las facultades de los jueces y subordinarlas a la voluntad del soberano.

En ese sentido, hay una reacción de muchos estamentos de la sociedad y no solo de malquerientes de la 4T. Toda estrategia que conduce a una ampliación de las facultades del mandatario de un país sobre el resto de las instituciones genera una desconfianza comprensible.

Pero tampoco estoy seguro de que las acciones de López Obrador justifiquen tal crítica. La designación de ministros con una carga ideológica que le favorece en la Suprema Corte puede ser leída en dos sentidos: como una subordinación a la institución Presidencial o como un intento de contra balancear la composición política entre los magistrados. 

Lo que ha hecho el Presidente es algo parecido a lo que hacen sus rivales: recurrir a toda suerte de artimañas para sacar adelante sus reformas. Por ejemplo, gracias a la mayoría simple con la que cuenta en las Cámaras, al dictar leyes secundarias aunque sean contrarias a la Constitución, sabiendo que pueden operar algunos meses en tanto un amparo colectivo o una decisión de la Suprema Corte no las desautorice. Ni limpio ni elegante, pero tampoco despótico, simplemente ardides jurídicos políticos recurriendo a sus atribuciones.

De igual forma, en el cabildeo del que hoy se acusa al ex ministro Arturo Zaldívar, hay una justificada reprobación, pero también algo de hipocresía y oportunismo político. Indeseable, como es, estos intentos de provocar fallos favorables a su propia causa no son distintos al que utilizan otros actores de poder. Nada que otros presidentes no hayan realizado en el pasado. El gobierno en funciones suele designar a ministros de la corte cercanos a sus intereses e influir en la decisión de los jueces, en México y prácticamente en cualquier país del mundo. Para hacerlo López Obrador ha recurrido a sus mayorías en el Congreso, es decir, a sus atribuciones legales, y al cabildeo que se mueve en las zonas grises. Una enorme distancia con respecto a los regímenes autoritarios con los que se le quiere comparar, caracterizados por la persecución y la amenaza física y jurídica. Quien está bajo investigación en este momento, Arturo Zaldívar, no es un juez que falló en contra de la 4T, sino quien instigó a su favor. Si su caso sirve para ventilar, por fin, estas prácticas indeseables, ni hablar. Pero entendamos que hay mucho más de fondo.

Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto intervinieron sobre el Poder Judicial sin ser acusados de tendencias despóticas. La diferencia con el Presidente actual es una confrontación real: una disputa de proyectos de país con el resto de las élites, en la que ninguna de las partes ahorra epítetos.

Lo cierto es que necesitamos una reforma judicial de fondo. Hay un desajuste real entre el sistema anterior y los vientos de cambio que soplan entre las mayorías del país trasladados a la institución Presidencial. Con López Obrador tales diferencias se han expresado de manera frontal. Espero que en la segunda versión de la 4T podamos procesarlas y ajustarlas de otra manera.


  • Jorge Zepeda Patterson
  • Escritor y Periodista, Columnista en Milenio Diario todos los martes y jueves con "Pensándolo bien" / Autor de Amos de Mexico, Los Corruptores, Milena, Muerte Contrarreloj
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