La corrupción en la esfera política es hoy mucho más preocupante que nunca. Y no necesariamente porque haya aumentado, sino porque se ha politizado. La polarización ha provocado que la corrupción sea percibida como una mácula menor y tiende a diluirse frente al poder absolutorio que otorga la lealtad política. La impunidad era ya una infamia cuando obedecía a la corrupción de los funcionarios; pero cuando, además, es tolerada por supuestas razones de conveniencia política, se convierte en una tragedia.
Para ilustrarlo habría que recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se iniciaron procesos penales contra tres de sus gobernadores (Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua) y no precisamente porque su administración fuera más honesta, todo lo contrario; más bien por la debilidad del Ejecutivo frente al peso de la opinión pública y el resto de la sociedad. Esa presión ya no es relevante, por lo visto. Es tal el dominio de Morena sobre dos de los tres poderes (y próximamente también el judicial), su control de las gubernaturas o su popularidad, y es tal la debilidad de los contrapesos, que el riesgo de impunidad es enorme. Hoy, el único contrapeso real frente a la corrupción en las altas esferas es el de la Presidenta. Y, hasta este momento, no ha comenzado a ejercerlo.
Primero, los antecedentes. Las cúpulas de Morena y sus aliados están plagadas de impresentables que siguen operando. No hay posibilidad alguna de intervenir el cacicazgo económico que ejercen los dueños del Partido Verde en Quintana Roo, por ejemplo. El reclutamiento que hizo López Obrador privilegió la necesidad política por encima de cualquier otro filtro, incluyendo la ética o la trayectoria personal. Muchos de los cuadros que hoy toman decisiones no tienen mayor mérito que ser útiles a la operación política, haber tomado la decisión oportuna para sus carreras y saltar al bando triunfador. Pero con su “oficio” también han traído una concepción de la cosa pública en plena contradicción con las banderas o convicciones del humanismo mexicano que se presenta en las Mañaneras.
Puede entenderse, aunque no coincidamos, que López Obrador haya creído necesario pactar alianzas “impuras” para derrotar al sistema, tras haberlo intentado por “las buenas” en 2006 y 2012. Una vez en el poder, dejó intocadas tales alianzas a lo largo de su sexenio, convencido como estaba de que la mafia de los poderes fácticos haría todo lo posible para despeñar a su gobierno. Correctas o no, las razones que sostuvieron esas premisas han dejado de tener validez tras el triunfo apabullante de Morena y su control casi absoluto del poder político.
Durante una entrevista pregunté a Felipe Calderón, a mediados de su sexenio, por qué motivo había terminado recurriendo a prácticas priistas para fortalecer el poder presidencial, considerando que como opositor había hecho una carrera criticando a estas prácticas. Respondió que para provocar cambios en el sistema primero tenía que ampliar sus márgenes de operación política, es decir, su poder. Un medio perjudicial para obtener un fin “bueno”. Como sabemos solo le alcanzó para lo primero.
Puede entenderse que con solo cuatro meses en Palacio la Presidenta asuma que necesita más tiempo para emprender la limpieza de las escaleras desde arriba hacia abajo; o que la amenaza del tsunami Trump exige no abrir nuevos frentes por el momento. Pero una cosa es retrasar una batalla necesaria para corregir un daño y otro seguir profundizándolo.
Los apapachos públicos a Samuel García, el frívolo gobernador neoleonés; el nombramiento del ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón como cónsul en Miami a pesar de haber dejado incendiado a su estado; la designación de Miguel Ángel Yunes como presidente de la poderosa comisión de Hacienda en el Senado; los desplantes diarios de Adán Augusto López, las triquiñuelas de Ricardo Monreal. Nada de eso es necesario. ¿Por qué? Porque con esos gestos políticos tolerados en Morena se envía una señal a los ministros de la Corte, a fiscalías y jueces cercanos a la 4T, a gobernadores e incluso a la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno: la lealtad política está por encima de cualquier consideración ética.
¿Cuánto tiempo puede tolerarse a estos personajes en posiciones de poder sin que las redes que tejen y las prácticas con las que intoxican la vida pública perviertan a un movimiento? De por sí, la inercia suele llevar a toda organización a confundir los fines con los medios, lo cual termina por hacer creer que salvaguardar la institución y acrecentarla, en este caso el predominio de Morena, es más importante que la causa que llevó a fundar el movimiento: la justicia social y la honestidad.
Se puede coincidir o no con personajes de larga trayectoria dentro de la izquierda como Paco Ignacio Taibo, Rosaura Ruiz, Martí Batres o el propio Fernández Noroña y tantos otros en posiciones de poder, pero no tengo duda de que la razón que les llevó a interesarse en la vida pública fue su interés por la justicia y su oposición a la corrupción. ¿Cómo digieren una premiación política como la de Yunes en el Senado, un personaje que representa todo lo contrario a las causas por las que han luchado? Sobre todo porque con el poder que hoy ostenta Morena cuesta trabajo ver el encumbramiento de Yunes como un “mal” necesario y queda más bien como un acto perverso y un desdén a las convicciones de parte de quienes hoy dirigen el Poder Legislativo. ¿De veras se necesita a un personaje como Pedro Haces para gobernar?
No se pone en duda la honestidad personal de Claudia Sheinbaum y de muchos miembros del equipo que la acompañan. Pero el cambio solo puede venir de ella. Los muchos cuadros honestos que existen en la 4T están paralizados mientras asuman que deben disciplinarse y no hacer olas frente a esta incongruencia.
La corrupción ha sido un cáncer endémico en la vida pública de México. Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica, quizá única, para desterrarla: por el doble activo que representa la fuerza y popularidad, por un lado, y sus convicciones personales por otro. Más temprano que tarde tendría que comenzar. Son encomiables sus objetivos económicos y sociales, pero eso dependerá de muchos factores, algunos de los cuales escapan a su control. Combatir la corrupción, en cambio, reside en su voluntad política personal. No sería un logro menor.