Como si no tuviera suficientes ocupaciones y demandas presupuestales, el gobierno decidió incursionar en el complicadísimo negocio de vehículos eléctricos (VE) mediante la creación de Olinia, una armadora que pretende lanzar al mercado una línea de miniautos para la inauguración del Mundial de 2026.
El atractivo de Olinia para el gobierno es evidente. Combina tecnología de punta con un enfoque hacia la sostenibilidad y el cambio climático. Cualquier administración que busca impulsar su imagen verde e innovadora estaría feliz de asociarse con un proyecto así. El problema es que el negocio automotriz es muy complejo y más aún el de los coches eléctricos. Son contadas las empresas en el mundo que han tenido éxito. Está Tesla, por supuesto. También algunas armadoras chinas, como BYD.
Más allá, es casi imposible encontrar casos rentables. De hecho, el común son las cuantiosas pérdidas que genera la industria. Ford, por ejemplo, cerró 2024 con un saldo rojo de 5 mil millones de dólares en su división de VE. Con menos de 100 mil unidades vendidas, cada vehículo le costó cerca de 500 mil dólares. A raíz del mar de pérdidas, colosos automotrices como Ford, GM, Volkswagen y Toyota han decidido frenar el ritmo de su expansión en el mercado eléctrico o reducir sus objetivos de ventas.
Es en este contexto tan desafiante que el gobierno mexicano quiere lanzar su propia empresa de VE. No entiendo. Si automotrices de talla mundial no han encontrado la rentabilidad, ¿qué nos hace pensar que un proyecto estatal será exitoso? Además no es que el gobierno tenga un récord estelar en su gestión de negocios. Basta ver la situación de Pemex y, más recientemente, de Mexicana, entre muchísimos ejemplos más. Y no es por señalar al gobierno mexicano. Lo cierto es que por naturaleza no están diseñados para ser buenos empresarios.
Un dueño privado arriesga su dinero en busca de maximizar ganancias y minimizar pérdidas. El gobierno usa dinero ajeno (de los contribuyentes) y la rentabilidad rara vez es su prioridad. Esta desalineación de intereses provoca que empresas ineficientes operen de forma indefinida bajo la administración pública. Aunque existen sectores en los que la participación del Estado es fundamental por razones sociales o estratégicas, considero que los vehículos eléctricos no es uno de ellos.
El plan de Olinia es fabricar miniautos eléctricos de bajo costo, diseñados para movilidad urbana y distancias cortas. Sin embargo, el presupuesto inicial de 25 millones de pesos es marginal comparado con las inversiones masivas de las principales armadoras del mundo. Competir con los gigantes chinos en precio y calidad parece un desafío titánico, por no decir imposible.
Por supuesto que me gustaría que le vaya bien a Olinia, pero considero que los esfuerzos y el dinero del gobierno estarían mejor canalizados en otro tipo de proyectos. A veces el camino más brillante no es el más sabio.