En su iniciativa de reforma al Poder Judicial, López Obrador propone como eje central que la población elija a los jueces mediante una votación. Argumenta que si ya “el pueblo” tiene la facultad de escoger quiénes lo gobiernan en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no también en el Judicial?
Obviamente no es lo mismo. Bajo su lógica, si el Presidente realmente quiere empoderar a la población en este sentido entonces, ¿por qué no de una vez dejar que los ciudadanos juzguen los asuntos por votación directa? Si alguien está acusado de asesinato o una empresa de fraude fiscal, que sea la justicia popular la que decida si son culpables o no. Esto sería absurdo, por supuesto. La justicia no es un asunto de popularidad, sino de leyes. Un veredicto puede ser impopular, pero justo. Lo mismo un juez.
Pese a mi repudio a la reforma, debo de admitir que López Obrador y Sheinbaum cuentan con un sólido mandato popular para aprobarla. A nadie escondieron su intención de transformar la justicia en México, incluyendo la manera de elegir jueces. Fue desde principios de febrero que el Presidente presentó su reforma. Le pidió a la ciudadanía su apoyo en las elecciones del 2 de junio para pasarla (el famoso “Plan C”) y la enorme mayoría se lo dio.
No es consuelo, pero lo cierto es que, con o sin reforma para elegir jueces por voto popular, Morena ya controla en gran medida al Poder Judicial. Desde hace tiempo que López Obrador ha tenido la facultad de nombrar al ministro de la Corte que quiera cuando hay una vacante. De hecho, lo hizo en la última oportunidad que tuvo. Tras enviar dos ternas al Senado, y ambas ser rechazadas por la oposición, impuso a Lenia Batres. No lo hizo a la fuerza ni saltándose la ley. Simplemente utilizó su mayoría en el Senado y el mecanismo establecido.
Ahora que Morena tiene un mayor poder legislativo, Sheinbaum no solo mantendrá la facultad de nombrar los ministros de su preferencia, incluso podrá cambiar la Constitución (convenciendo a unos cuantos senadores de oposición) en caso de que la Corte falle contra las leyes aprobadas por su partido (como lo hizo con la reforma eléctrica de López Obrador).
Tampoco es consuelo, pero creo que la reforma no deteriorará mucho más nuestro sistema judicial, el cual está lejos de ser un ejemplo de imparcialidad y eficiencia. La corrupción permea muchos juzgados del país desde hace tiempo. Lo que es una lástima es que la oportunidad que existe de cambio se destine para empeorar las cosas y no para mejorarlas.
En lugar de buscar tumbarla (una causa perdida, en mi opinión), la oposición haría bien en tratar de minimizar el daño de la reforma. Es distinto que cualquiera pueda contender para ser juez, a obligar a que los candidatos cuenten con una serie de requisitos (desde tener conocimiento técnico hasta estar avalados por instituciones reconocidas). En otras palabras, sacar lo mejor posible de una pésima idea.