Los sistemas judiciales de las democracias operan rodeados de riesgos: cooptación, corrupción o infiltración. En los tribunales se deciden familias, patrimonios, derechos y libertades, y esto los vuelve muy atractivos para personajes de mala entraña, con perversidades y ambiciones inconfesables. Por eso siempre existirán áreas de oportunidad y una lidia constante por expulsar a los malos elementos (que claro que los hay), pero como un cuerpo que se enferma: no se mata al paciente, se extrae lo tóxico con bisturí y supervisión.
Si bien nuestro sistema no era perfecto, no he visto ningún análisis riguroso y serio de por qué sus imperfecciones se solucionan con esta reforma, y menos encuentro una construcción clara y confiable sobre los mecanismos de vigilancia o de enaltecimiento de la independencia judicial, que es algo que rebasa la mera buena fe de quienes participan en este proceso. Al respecto, comparto algunas preocupaciones.
Primera. Los jueces en funciones tenían una serie de garantías que debían ser respetadas: de carrera, de remuneración y de inamovilidad en el cargo. Estas garantías, que estaban dispuestas para los jueces, en realidad se diseñaron en beneficio de la sociedad, para procurar contar con jueces técnicamente capacitados, éticamente dispuestos, fuertes y ecuánimes. Me preocupa que el Estado mexicano no cumpla con los compromisos que adquirió con sus propios funcionarios y los proyectos de vida que ellos habían construido a partir de esos compromisos.
Segunda. En la forma de terminar con esos compromisos no hubo diálogo, al contrario. La rapidez con la que se diseñó y se está implementando la reforma no tiene comparación con otras. Por ejemplo, para la reforma penal, o incluso para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se publicó en 2023 y será obligatorio hasta 2027.
Tercera. La justificación que se da para cesar a los jueces se basa en generalizar la idea de corrupción. Quizá el Consejo de la Judicatura pudo informar mejor sus mecanismos y a cuántos funcionarios ha cesado, para tratar de contrarrestar los efectos de una mentira repetida mil veces que, como decía Joseph Goebbels, se vuelve realidad en la percepción pública.
Cuarta. La otra justificación que se ha dado para el cese masivo de jueces es que “ganan mucho dinero”. Preocupa que se generalice la idea de que no importa cuánto una persona se prepare o sacrifique, ni qué trayectoria o credenciales tenga porque se dirá que está mal que gane un salario decoroso. Un salario que, además, fue el que le ofreció el Estado mexicano para que aceptara el cargo y planeara su vida con eso.
Quinta. Esta supuesta justificación implica un desdén hacia la preparación de excelencia, lo cual pone en entredicho los pilares del sistema educativo. ¿Para qué instruir a las nuevas generaciones dentro de estándares de excelencia académica y de preparación y madurez, si por afinidades políticas, y luego por tómbolas, y luego por voto popular se puede acceder a las más altas responsabilidades?
Me parece que esto incluso carece de empatía para quienes se vean inmersos en un litigio, se supondría que esas personas, que litigarán sus propios problemas el día de mañana, merecerían un sistema mejor.
Sexta. El legado y el ejemplo a las siguientes generaciones. El reto ahora lo tienen las universidades. ¿Van a seguir enseñando derecho como si nada hubiera pasado? En los planes de estudio de las carreras ajenas al derecho, ¿seguirán omitiendo el civismo? ¿Se va a seguir dejando la gran tarea de la justicia a la abogacía?
A los estudiantes de derecho, ¿se les enseñará que este tipo de cambios son simples coyunturas y que ante los desafíos vale un “ya ni modo y a lo que sigue”? ¿Se evitará abordar el tema desde el punto de vista de rectitud y ética? Si un profesionista no puede distinguir el bien del mal, no sé cómo estamos enseñando.
Séptima. El desmantelamiento institucional. No solamente se erradica la carrera judicial, sino que se distorsiona el Consejo de la Judicatura como responsable de la vigilancia y disciplina del cuerpo judicial. Pierde atribuciones y ya no tendrá carrera judicial por administrar. Tampoco vigilará a los nuevos jueces, pues se crea un Tribunal de Disciplina Judicial. De alguna manera, el Consejo era también un tribunal de disciplina, pero con un nombre menos desafiante.
No es que sea imposible o indebido cambiar de rumbo, al contrario, cada generación puede buscar una ruta distinta. Pero con método. A quienes nos gusta analizar las políticas públicas, ponderamos cinco cosas: necesidad, justificación, momento, resultado esperado y, desde luego, costo. Cambiar sin ponderar esto provoca un desmantelamiento injustificado.
Octava. Crear instituciones es muy costoso y requiere tiempo. México estaba en plena madurez de sus instituciones judiciales, de manera que no encuentro justificación en desperdiciar los recursos públicos invertidos durante décadas. Esto, sin contar con los grandes gastos que implica ensayar un sistema nuevo e implementarlo. No veo aquí la lógica del artículo 134 constitucional en el sentido de que el gasto público debe realizarse con estándares de eficiencia.
Novena. Los elementos del Poder Judicial no son las únicas piezas en el sistema de justicia. Existen tribunales en materia administrativa, agraria y laboral, y que no fueron integrados en la reforma. Además, México enfrenta una dura y añeja realidad: que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a víctimas, y hasta consejos municipales indígenas, como parte del sistema de justicia, donde se presentan reiteradas problemáticas soslayadas por la reforma.
Décima. Preocupa la distorsión. Si el sistema de justicia es lento, que se lean las leyes procesales y se difunda la estadística. El retiro de los jueces en funciones no mejorará la justicia, porque el método no guarda relación con el objetivo. Sólo se cambia a los funcionarios que se desempeñaban dentro de un poder autónomo.
Decimoprimera. La magnitud de la reforma implica dinero y esfuerzo, pero además altera por entero la agenda nacional y cambia las prioridades de atención a problemas nacionales que ya no pueden esperar: la seguridad pública, el acceso a una educación de calidad, la desigualdad económica, la falta de movilidad social, la necesidad de empleos mejor calificados, el hambre, la migración, la violencia, el sistema de salud.
Decimosegunda. La judicatura federal poseía una de las burocracias más robustas y profesionales del Estado, con disciplina y espíritu de cuerpo desde hace seis o siete décadas. Se ha perdido. En lugar de invertir el tiempo en solucionar problemas preexistentes, creamos otro: rehacer sobre las rodillas uno de los tres poderes del Estado.
Decimotercera. Se distorsiona la lógica judicial de ecuanimidad, sobriedad y distancia, y se sustituye por otra de incentivos políticos, y de distracción y frivolidad para hacer campaña tras el cabildeo para obtener espacio en una boleta electoral. El Código de Ética vigente y los estándares internacionales sobre la figura judicial indican exactamente lo contrario de lo que promueve la reforma.
Decimocuarta. Estos factores han generado otra crisis: que las decisiones judiciales no se obedezcan o que se minimicen, o que se inventen sobre la marcha. Esto lo digo porque el proceso de selección de candidatos, que debía llevar a cabo un comité del Poder Judicial, no pudo avanzar por amparos que se promovían y entonces otras autoridades pedían que se ignoraran esos amparos.
Decimoquinta. La comparsa generalizada. La ganancia de los pescadores en el río revuelto. Los ingenuos que creen que comprarán lo que siempre estará a la venta. Los futuros postores. Los vengativos que no pudieron comprar lo que nunca se vendió. Los candidatos bien intencionados a los que les prometen votos a cambio de permitirles la colocación de secretarios. Que se puedan ir inhibiendo las voces reflexivas. El Estado de Derecho. La República.