Zaldívar: el juzgador, juzgado

Guadalajara /

Con precisión quirúrgica, la titular de la Suprema Corte, Norma Piña, ha asestado un golpe jurídico y político al régimen actual. Desde luego que se trata en gran medida de una respuesta firme, no venganza, a toda la actividad subterránea desarrollada por su expresidente antecesor, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisamente para proseguir ya fuera en su labor de socavamiento del Poder Judicial, considerado hoy por hoy como la última trinchera y muro de contención a los abusos y desmanes presidenciales. Coincide esto con la marcha hacia la última etapa del proceso electoral y, por otra parte, con posiciones e iniciativas que emanan del Ejecutivo y que, de plano, pretenden echar por tierra el sistema jurídico mexicano que construyeron muchos durante ya casi dos siglos. A ese nivel está, por ejemplo, el caso de pretendidas reformas a la Ley de Amparo, lo que constituiría un retroceso mayúsculo desde que esa importante vía de defensa de los ciudadanos ante los excesos de la autoridad, se creó nada menos que por el jalisciense Mariano Otero en el siglo diecinueve.

Pero Zaldívar Lelo de Larrea tiene en su haber una controvertida carrera que, como todos sabemos, culminó hace apenas unos meses cuando decidió renunciar a su cargo de ministro de la Corte para, sorprendentemente, o quizá no tanto, pasar a formar parte del equipo de Claudia Sheinbaum y, se dijo desde ese momento, para “preparar” los cambios previstos para el Poder Judicial entre los que sobresale la iniciativa de AMLO para que los jueces de todos los niveles (incluidos los ministros) sean “electos” popularmente. Esto, claro, en base a las propuestas específicas de los postulantes escogidos cuidadosamente por el propio Ejecutivo federal, el Congreso (actualmente dominado por su partido) y la misma Judicatura. Cualquiera ve en ello no precisamente la intención de dejar “en manos del pueblo” la elección de los principales integrantes del Judicial sino, la oportunidad de un manipuleo que terminaría por ser avasallado por el mismísimo Ejecutivo. Es decir, el soñado control absoluto de los tres poderes, como en cualquier dictadura.

El exministro Zaldívar, pese a todo y a que ascendió a resultas de la promoción e impulso del expresidente Felipe Calderón (vaya con el destino fatal), ya como presidente de la Corte cautelosa pero firmemente, se sometió a los designios y peticiones del presidente López Obrador, lo que llevó a la aberración de querer extenderle el mandato contra todo ordenamiento. Zaldívar de momento no dijo no y tardó ¡cuatro meses! para autodefinirse y declinar en lo que hubiera sido una de las más grandes aberraciones concebibles.

De manera que lo mejor era retirarse, aunque también en ello se pasó la Constitución por el arco del triunfo (no se puede renunciar sino por causa grave), ya que el presidente estaba urgido de reforzar a su candidata presidencial y preparar el terreno para la “transformación” del Poder Judicial en el siguiente sexenio. Esto, bajo la suposición de que Morena arrasará en la elección y Sheinbaum pueda tener un Congreso de mayoría absoluta para transitar hacia donde le plazca en su posible administración. Empero, las cifras hasta ahora no le dan tanta fuerza para conseguirlo y no es remoto que inclusive Morena se vea en aprietos para conseguir la mayoría relativa por si sola, lo que de poco serviría para hacer lo que quiera con la Constitución.

La piedra en el zapato la vino a poner Norma Piña. Desde el inicio de su gestión, fue clara y contundente: “no cederemos ni un milímetro en la independencia del Poder Judicial”. Al poco tiempo, Zaldívar inició su campaña para desprestigiarla y al Judicial en su conjunto. Quedó en su posición otra allegada residencial (ya tenía a dos), Lenia Batres, pero ni con ello les basta para actuar a su gusto.

Las acusaciones que fueron apenas lanzadas contra el exministro Zaldívar podrán ser impugnables, pero no hay duda de que los antecedentes de su comportamiento fueron de absoluta sumisión al Ejecutivo. López Obrador llegó a confesar que extrañaba las “buenas relaciones” con Zaldívar, quien accedía a sus planteamientos. Así, de claro. Por otra parte, también ya este año se publicaron señalamientos contra Zaldívar muy concretos, como el de la magistrada Elba Sánchez Pozo, quien acusó a Zaldívar ante la FGR por el hostigamiento, presiones, etc., a raíz de sus decisiones de amparar afectados por la construcción del tren Maya.

Hoy, la batalla ya es campal. Se ha pedido una investigación contra Zaldívar y sus principales operadores nada menos que por presuntamente atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo. No se ve sencillo el panorama para él ni para su defensora Claudia Sheinbaum ni para el presidente. Llegó el momento de juzgar al juzgador, mismo que decidió tomar su propia carrera, que no dejó de tener momentos brillantes en el pasado, como un simple trapeador de la autodenominada “cuarta transformación”.

miguel.zarateh@hotmail.com

X.- @MiguelZarateH


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