Más allá de la construcción de un sistema de justicia de mayor confiabilidad, y de la muy probable expulsión de jueces y magistrados sobre los que pesan señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción, la 4T apuesta por la reforma judicial para mejorar su situación financiera; esto porque, ante la promesa de mantener en la congeladora en el próximo sexenio la idea de una reforma fiscal, se requiere de mejores resultados en los litigios por el pago de impuestos, sobre todo para mantener el ingreso que sostenga la carga de los programas sociales.
De acuerdo con la información que el equipo de la Secretaría de Hacienda, encabezado por Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer la semana pasada en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la estrategia fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum mantendrá el enfoque en lo que se conoce como “recaudación secundaria”, es decir, en la obtención de recursos adicionales a través de auditorías realizadas a los contribuyentes, principalmente a los de gran tamaño, o del inicio de juicios ante los órganos jurisdiccionales contra los sujetos morosos.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, exitosa en esa materia, motivó que algunos grandes contribuyentes calificaran sus acciones como “terrorismo fiscal”; en total, el SAT logró recuperar 3.3 billones de pesos como resultado de estas auditorías, acumulando una recaudación de casi 21 billones, con un crecimiento de 13.1% frente a los 14.4 billones de pesos recaudados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La meta para la siguiente administración es recaudar otros 500 mil millones adicionales por año, por lo que, además de apostar por la digitalización total de los procesos de declaraciones, para facilitar el trámite a los contribuyentes y tener mayor visibilidad sobre los ingresos totales, se requiere, sí, de estrategias judiciales más efectivas, pero también de un sistema de justicia que garantice imparcialidad en esos fallos.
Palabras clave
En diversas ocasiones AMLO ha presentado una lista de empresas que deben al SAT casi 130 mil millones de pesos y que se mantienen en litigio. Si bien solo se identifica en ese registro el mercado general en el que compite el contribuyente, se ha filtrado que entre los deudores se encuentra el equipo de futbol Santos Laguna y el grupo empresarial Cementos Chihuahua, entre otros.