Oswaldo Jiménez torturó a una mujer para conseguir una declaración inculpatoria y, como fiscal, encarceló a un perro por agresión sexual, mientras que Abraham Pedraza denunció una falsa desaparición; ambos se inscribieron a la elección judicial
Refiere la canción de Joaquín Sabina sobre personajes que lucen los tatuajes de un pasado bucanero. Sirve esa estrofa para describir a varios de los postulantes que se inscribieron para ser ministros, magistrados o jueces: piratas prestos para asaltar la nave.
Dos sujetos cuentan para narrar este relato: Abraham Pedraza Rodríguez y Oswaldo Jiménez Juárez. Sus nombres aparecen en la lista de postulantes para competir en los comicios judiciales a realizarse el primer domingo de junio del próximo año. Ambos se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
Abraham Pedraza es cuñado de María Isabel Miranda de Wallace. Tiene 20 años casado con una de sus hermanas más jóvenes. Este sujeto denunció la falsa desaparición de Hugo Alberto León Miranda, hijo de la señora Wallace, la madrugada del 13 de julio de 2005. Sin que los hechos le constaran repitió, palabra por palabra, lo que su cuñada dictó para que presentara la denuncia ante la fiscalía local.
Fue llamado después, varias veces, por el juez de la causa, y él se negó a comparecer hasta que el juzgado lo amenazó con ponerle una multa. Finalmente ratificó la denuncia “en todos sus términos”, a pesar de que, con el tiempo, esos “términos” se revelaron mentirosos.
Quince años más tarde, Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo incorporó a su equipo de trabajo.
Hoy este sujeto aparece entre las personas que se enlistaron para ocupar una magistratura dentro del Tribunal Colegiado del primer circuito en materia administrativa. No hay nada en la ley que le impida avanzar en esta aspiración y, sin embargo, hay algo en la biografía de este sujeto que remite a su pasado bucanero, como diría el trovador.
Otro nombre que merece atención es el de Oswaldo Jiménez Juárez, cuya trayectoria profesional hace levantar primero la ceja derecha y después la izquierda. De acuerdo con el relato de hechos contenido en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (VG127/2023), en 2009 este sujeto habría torturado a Brenda Quevedo Cruz en la prisión de Santiaguito para conseguir de ella una declaración inculpatoria.
Intentó asfixiarla con una bolsa de plástico, la golpeó mientras estaba en el piso y la amenazó con inyectarle sangre contaminada de sida.
Quevedo Cruz denunció estos hechos pocos días después ante un juzgado, ya que a pesar de que el sujeto la agredió escondido tras una capucha, la víctima reconoció la voz, los ojos y el reloj que portaba.
Ella es una de las mujeres injustamente acusadas por la señora Wallace de haber cometido un presunto acto criminal contra su hijo. La morosidad de la justicia explica por qué lleva 17 años encarcelada sin sentencia en primera instancia.
Oswaldo fue uno de tantos funcionarios que hicieron carrera bajo el ala poderosa de la señora Wallace. Entonces era un personaje menor de la Procuraduría General de la República, pero su lealtad incondicional permitió que ascendiera por una escalera muy corrupta.
En 2020 este sujeto se desempeñaba como fiscal de la Ciudad de México bajo las órdenes de Ernestina Godoy. Fue entonces que cayó sobre su escritorio la denuncia por desaparición de una niña llamada Fátima. Oswaldo desestimó la angustia de los padres y renunció a investigar el asunto.
Cuando la negligencia del fiscal fue exhibida públicamente, Omar García Harfuch, que entonces trabajaba bajo las órdenes de Ernestina Godoy, prometió que no habría impunidad que protegiera a este funcionario. No obstante, Oswaldo salió de este atolladero sin ninguna abolladura.
Terminaron corriéndolo de la fiscalía capitalina por otro caso, tanto o más escandaloso. Después de Fátima, una niña de nueve años fue violada, presuntamente, por su padrastro. En vez de investigar el delito y proceder contra el agresor, Oswaldo acusó a un perro como responsable.
Los dueños del perro declararon ante los medios de comunicación: “Llevamos todo el día intentando liberar al perro ‘detenido’ en el ex antirrábico de Tláhuac, acusado absurdamente de según violar a una menor de edad.
“Luego de ingresar nuestra petición formal a la Fiscalía de Delitos Sexuales, y aunque nos estamos enterando que fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal, a decir de las propias autoridades, todavía no designan el resguardo a ninguna asociación civil”.
Nunca, en la historia universal de las agresiones sexuales, un perro había sido señalado de cometer un acto como el que el fiscal Oswaldo Jiménez se atrevió a considerar como plausible.
Hay otra hipótesis para este caso y es que este sujeto, previsiblemente corrupto, haya recibido dinero para exculpar al padrastro de la niña agredida.
Después de su paso por la fiscalía capitalina, Oswaldo fue contratado por su antiguo jefe, Rodrigo Archundia, quien habría fabricado originalmente el caso Wallace. Hasta el año pasado trabajó con él en el Ministerio Público del Estado de México.
Pues Oswaldo es uno de los aspirantes a ser considerado como candidato para integrar el futuro tribunal que va a disciplinar a los jueces, magistrados y ministros que no se porten bien.
Abraham Pedraza y Oswaldo Jiménez no son excepción. Si se hace un análisis cuidadoso de las precandidaturas presentadas en los comités de evaluación, le entran a uno ganas de saltar del barco, una pulsión similar a la que las víctimas de los bucaneros experimentaron antes de ser agredidos por aquellos piratas.