La peor trama criminal de la 4T

Ciudad de México /
Seguridad Alimentaria Mexicana fue creada en 2019 para distribuir productos básicos a las comunidades rurales del país. ESPECIAL

El pasado jueves fue detenido en Miami, Florida, René Gavira Segreste, director de finanzas de Segalmex durante los dos primeros años de la actual administración. Este sujeto se encuentra en el corazón de una trama urdida para estafar, a través de distintas estrategias, una cantidad extraordinaria de recursos públicos.

Se calcula que los actos de corrupción cometidos durante los primeros veinticuatro meses de vida de Segalmex superarían los 20 mil millones de pesos. (Se trata de un monto que excede en un 25 por ciento a los dineros que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso arrebatar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación).

René Gavira es uno de los 22 sujetos imputados por esta conspiración. Es el primero que podría ser procesado, entre los cinco cabecillas responsables de la estafa. Los otros son Manuel Lozano, ex director de comercialización, Carlos Dávila, ex director jurídico, Bernardo Fernández, ex director de operaciones de Liconsa e Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue creada el viernes 18 de enero de 2019 como un organismo público cuya misión es la distribución de productos básicos en las comunidades rurales más pobres del país.

Robar es detestable, pero robar a las personas más vulnerables es un acto de crueldad. La red de corrupción operada al más alto nivel merecería el peor de los castigos precisamente por la vileza, que significa haber tomado dinero que debió haber beneficiado a las comunidades desprotegidas.

Esta trama criminal se tejió a partir de un rosario largo de desfalcos de distinto nivel y proporción. Entre ellos destaca el hurto de las inversiones financieras realizadas por la tesorería de Segalmex, el fraude para la contratación de personal fantasma, el desvío en la producción y venta de lácteos, el robo de 16 mil toneladas de azúcar, la compra de 800 millones de pesos en carne echada a perder y la venta de maíz subsidiado para beneficio de empresas privadas.

La primera denuncia la presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año de 2020. Al principio esa autoridad habría encontrado un desfalco por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos. A partir de entonces, también la Secretaría de la Función Pública emprendió investigaciones que, según Roberto Salcedo, titular de esta dependencia, hoy incluye 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y más de 618 expedientes abiertos en contra de funcionarios y particulares.

El caso más sonado que implica a René Gavira es la inversión que el ex director de finanzas hizo por más de 850 millones de pesos en documentos bursátiles a través de la institución financiera CI Banco. (Alguna parte de este dinero fue a su vez ilegalmente prestado a una desarrolladora inmobiliaria de Chiapas).

Gavira no estaba autorizado para realizar esta inversión, ya que de acuerdo con la norma, los recursos pertenecientes a organismos públicos únicamente pueden obtener réditos mediante la compra de papel gubernamental (como por ejemplo Cetes). El principio asegura que no se tomen riesgos innecesarios con el dinero administrado por funcionarios públicos.

Si bien, mediante una negociación política con CI Banco, Segalmex logró recuperar estos fondos, nunca se entregaron al organismo los intereses acumulados por dicha inversión. La pérdida derivada de este manejo fraudulento superaría los 100 millones de pesos.

Es importante precisar que Gavira jamás habría podido desviar tales recursos sin la autorización del director jurídico, Carlos Dávila, y del director general, Ignacio Ovalle.

Gavira tendría también que ser procesado por la contratación de mil 960 personas, a través de la empresa TIM Outsourcing, que en realidad nunca trabajaron para Segalmex. Si bien el organismo pagó sueldos, en promedio de 9 mil pesos mensuales por empleado –durante los meses de noviembre de 2019 a febrero del 2020– no existe evidencia de que esas personas se hubiesen presentado a laborar en los almacenes del organismo. De comprobarse este otro delito, el daño al erario por tal concepto superaría los 70 millones 500 mil pesos.

El tercer escándalo relacionado con esta trama criminal implica a la distribuidora de leche Liconsa y a dos empresas particulares. Liconsa adquirió 900 millones de litros de leche a pequeños productores que posteriormente fueron procesados para volverles polvo por la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y por el Grupo Vicente Suárez 73.

En el proceso de desecación de la leche se produce una cantidad ingente de mantequilla que, al parecer, las empresas privadas conservaron sin pagar un solo centavo. En esta otra operación fraudulenta habrían participado Bernardo Fernández, exdirector operativo de Liconsa y Manuel Lozano, ex director de comercialización de Segalmex. También habría estado involucrado Alejandro Puente, un intermediario corrupto vinculado con Lozano.

El cuarto fraude está relacionado con la compra de azúcar e involucra, de nuevo, a Manuel Lozano, exdirector de comercialización. Este individuo operó la adquisición de 19 mil toneladas de azúcar, de las cuales únicamente tres mil fueron distribuidas en los almacenes del organismo. Existe evidencia de que se habría obligado al personal de Segalmex para que falseara la información con objeto de encubrir este miserable timo.

El quinto expediente implica la compra de 800 millones de pesos en carne que se echó a perder por haberse operado con negligencia la cadena de frío. De nuevo, el ex director responsable de esta extraordinaria merma es Manuel Lozano.

Por último, cabe relatar el escándalo que significó, durante la administración encabezada por Ignacio Ovalle, la venta de maíz subsidiado a la empresa Maseca en vez de a las comunidades rurales vulnerables.

René Gavira llegó a Segalmex recomendado por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía. Manuel Lozano es compadre de Ignacio Ovalle, ya que el segundo es padrino de su hijo César. Carlos Dávila, ex director jurídico de Segalmex, fue durante 12 años secretario particular de Ignacio Ovalle. Bernardo Fernández fue contratado por Ovalle, a pesar de haber estado involucrado con una empresa acusada de corrupción durante el sexenio pasado.

Exculpar al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, argumentando que lo engañaron es engañarse a sí mismo. Si él no fue la cabeza de esta trama criminal, entonces habría que buscar responsabilidad en quien lo nombró.


  • Ricardo Raphael
  • Es columnista en el Milenio Diario, y otros medios nacionales e internacionales, Es autor, entre otros textos, de la novela Hijo de la Guerra, de los ensayos La institución ciudadana y Mirreynato, de la biografía periodística Los Socios de Elba Esther, de la crónica de viaje El Otro México y del manual de investigación Periodismo Urgente. / Escribe todos los lunes, jueves y sábado su columna Política zoom
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